Cuando reina la permisología 

Por Andrés Dauhajre hijo 

Fundación Economía y Desarrollo, Inc. 

La permisología, esa montaña de trámites, permisos, licencias y autorizaciones burocráticas necesarias para desarrollar proyectos de construcción, se ha constituido en una de las principales barreras que enfrenta el sector de la construcción privada en nuestro país. Los desarrolladores de proyectos y las empresas de arquitectura e ingeniería realizan un vía crucis para obtener en cada estación del recorrido los permisos que la normativa vigente obliga a obtener en la Alcaldía correspondiente, el Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales (MARENA) y el Ministerio de la Vivienda y Edificaciones (MIVED).  

Algunos conocedores de la telaraña burocrática para obtener las autorizaciones han señalado que los permisos ambientales otorgados por MARENA se han constituido en una de las principales barreras. Indican que, en ocasiones, se exigen costosos estudios de impacto ambiental a proyectos de construcción a ser ejecutados en terrenos “brownfield” (áreas urbanas construidas y/o desarrolladas), un requisito que consideran innecesario. A estos permisos se agregan los requerimientos del Ministerio de Trabajo (MT) que, en ocasiones, detienen la ejecución de proyectos de construcción. 

Consciente del impacto negativo que genera la permisología en la actividad del sector construcción, la administración del presidente Abinader anunció el lanzamiento del programa de Burocracia Cero para reducir el tiempo de trámites y las oportunidades de corrupción en diferentes áreas, incluyendo el otorgamiento de permisos de construcción. Se anunció la creación de la ventanilla única de construcción para simplificar y agilizar el proceso de obtención de licencias y permisos necesarios para proyectos de construcción, evitando la dispersión de trámites entre diferentes instituciones. Al mismo tiempo, se dispuso un aumento de las tarifas de los permisos de construcción argumentando que con ello se ofrecería un mejor servicio de supervisión. El 13 de agosto de 2024, el MARENA emitió la Resolución No. 0025-2024, a través de la cual dio a conocer un nuevo Reglamento del Proceso de Evaluación de Impacto Ambiental. 

Los señalamientos de las asociaciones del sector construcción sugerirían que los resultados obtenidos a la fecha no son compatibles con la mejoría que se esperaba. Todo lo contrario. Indican que la situación actual se ha deteriorado con relación a la que existía en 2019. La Asociación Dominicana de Constructores y Promotores de Vivienda (ACOPROVI), por ejemplo, ha señalado que una de las barreras que más afecta a la industria de la construcción es la dificultad en la tramitación de permisos, incluyendo los ambientales, lo que entorpece la ejecución y agilización de los proyectos de construcción de viviendas. Señala que República Dominicana es uno de los países de la región con mayores trabas burocráticas para obtener permisos de construcción, lo que genera retrasos en las inversiones.  

Indica que las trabas se producen en las diferentes instancias responsables del otorgamiento de permisos, resaltando el caso de los permisos ambientales que emanan del MARENA; mencionan también los retrasos de la Alcaldía del Distrito Nacional, el Ministerio de Turismo y el Ministerio de Vivienda y Edificaciones (MIVED). En el caso de MARENA, ACOPROVI ha señalado que permisos que antes se aprobaban en 15 días, empezaron a tomar 6 meses a finales de 2024.  

El presidente Abinader podría dejar una marca positiva en la institucionalidad de la economía real si agarra al toro de la permisología por los cuernos y ejecuta una reforma en línea con lo que fueron algunas de sus propuestas cuando aspiraba a ser el candidato a la presidencia por el PRM en las elecciones de 2020. La coyuntura actual no podría ser más propicia. El año pasado el sector construcción registró una caída de 2.25% (enero-octubre), continuó descendiendo por la escalera de su participación en el PIB bajando a 12.5%, y restó 0.3 puntos porcentuales al crecimiento de 1.8% que registró la economía el año pasado. 

La reforma descansaría en 4 pilares. En primer lugar, el MIVED operaría como Ventanilla única para el otorgamiento del Permiso Consolidado, el cual consolidaría las certificaciones, licencias y permisos que actualmente confieren las Alcaldías, el MARENA y el MIVED. Las tarifas actuales que cobran las tres instituciones se ajustarían a la baja, se consolidarían en una sola y se pagaría al MIVED, el cual transferiría a la Alcaldía correspondiente y al MARENA la porción correspondiente por el servicio ofrecido por cada una de estas instituciones. 

El segundo pilar sería crear la acreditación de Empresa Constructora Autorizada (ECA). En República Dominicana, la Dirección General de Aduanas emite la certificación de Operador Económico Autorizado (OEA) a empresas que cumplen con estándares de seguridad y suministro en la cadena de comercio internacional. Esto permite al OEA agilizar sus operaciones y trámites aduaneros de importación y exportación, y ser considerado como un socio confiable y seguro. A final de 2025, la DGA había otorgado la certificación de OEA a más de 700 empresas. En el país existen decenas de empresas de construcción con reputación y experiencia, con un historial de cumplimiento de las normas de construcción y medioambientales vigentes y dotadas de protocolos de seguridad en la ejecución de sus proyectos. Asimismo, contamos con varias firmas de ingeniería y cálculos estructurales muy calificadas y experimentadas. Estas empresas podrían ser certificadas como ECA, lo que les permitiría recibir en un período máximo de 30 días un permiso consolidado provisional del MIVED-ADN-MARENA que la autorizaría a iniciar de inmediato la construcción del proyecto presentado al MIVED, en lo que se emite el permiso consolidado definitivo. 

Para garantizar que las empresas de construcción certificadas como ECA cumplan con los protocolos de construcción, las reglas de uso de suelo y las normas medioambientales vigentes, a las empresas promotoras, de arquitectura y de ingeniería, se les exigiría la entrega de una Declaración Jurada firmada por el propietario o promotor del proyecto y el principal representante de la ECA, a través de la cual ambos se comprometen a cumplir con todos los protocolos y normas vigentes. En la misma se establecería que, en caso de comprobarse violaciones, la ECA perdería su acreditación y las empresas de arquitectura e ingeniería el exequátur para ejercer en el país.  Otra alternativa que se ofrecería sería la presentación de una fianza de fiel apego y cumplimiento de toda la normativa vigente, en proporción a la magnitud del proyecto, la cual compensaría económicamente al Estado y/o los privados afectados por las fallas que pudiesen ocurrir en la ejecución del proyecto de construcción.  

El tercer pilar sería la adopción de la regla del “silencio positivo” o “el silencio es consentimiento”. Para garantizar que el MIVED, como entidad “consolidadora” de los permisos, certificaciones y licencias de construcción, uso de suelo y ambiental, otorgue la aprobación provisional en un plazo máximo de 30 días a los proyectos presentados por promotores que utilizarán una ECA para los proyectos, se establecería que la aprobación provisional será automática si el MIVED no ha respondido en el plazo máximo establecido. La propuesta del “silencio positivo” o “silencio es consentimiento” es similar a la mencionada el 23 de julio de 2017 por el entonces candidato a la presidencia por el PRM, Luis Abinader, cuando indicó que, desde el Poder Ejecutivo, sometería un proyecto de ley de “Silencio Administrativo”. 

El cuarto pilar establecería la digitalización de todo el proceso y fomentaría la transparencia. La solicitud del permiso consolidado al MIVED se haría por vía electrónica. Este categorizaría los proyectos en función del riesgo y publicaría en su portal en línea los requisitos por nivel de riesgo de manera que los promotores, arquitectos e ingenieros dispongan de toda la información. El MIVED subiría a su portal el listado de los permisos otorgados, incluyendo las informaciones de los proyectos, promotores y arquitectos e ingenieros. 

El 2026 debe ser el año del relanzamiento del sector construcción. El rol de cenicienta que ha desempeñado en los últimos cuatro años debe concluir.