Así es. El debtball está a punto de desplazar al baseball como el deporte nacional de los dominicanos. Ningún otro término económico consume más espacio en la radio, televisión, prensa escrita, redes sociales, el Congreso y el Palacio Nacional. La deuda pública se ha convertido en el centro de un debate abierto a todos, independientemente del inventario de neuronas existentes en los anaqueles cerebrales de los participantes.
Si el participante pertenece a un partido político de oposición, prepárese para escuchar un ataque frontal al Gobierno que, según él, “está endeudando la nación a un ritmo sin precedentes”; “nos endeuda para cubrir gastos corrientes, no para invertir en infraestructura productiva”; “después que se pasó años criticando el endeudamiento del gobierno anterior, ahora que gobiernan, parecen tener ‘endeuditis’ aguda”; y “han endeudado al país por encima de las necesidades que tenía el Gobierno, obligándonos a pagar intereses por un dinero que no necesitábamos”.
Si pertenece al partido de Gobierno, posiblemente escuchará señalamientos como los siguientes: “hemos tenido que endeudarnos para pagar la deuda que el gobierno anterior contrajo”; “mientras tengamos déficit fiscal producto de las bajas recaudaciones, no tenemos otra opción que endeudarnos”; “nos manejamos con responsabilidad, la deuda pública es sostenible”; y “hemos tenido que endeudarnos para salvar vidas”.
Los empresarios, temiendo que el creciente endeudamiento eventualmente provocará un tsunami impositivo que los podría afectar, piden al Gobierno prudencia en el gasto. Las opiniones de periodistas, comentaristas y analistas sobre la política de endeudamiento del gobierno de turno, en muchas ocasiones, exhiben una correlación positiva (favorable) con la colocación de publicidad gubernamental en sus espacios. Hasta las iglesias, en vez de callar, opinan sobre el tema, olvidando la respuesta de Jesús al gancho-pregunta de los espías enviados por los escribas y los principales sacerdotes: “pues dad al César lo que es del César, y a Dios lo que es de Dios”.
En los últimos 20 años del siglo pasado (1980-2000), la deuda pública no era un “issue” en el país. En aquellos tiempos, los déficits del sector público se financiaban con los préstamos concesionales de los bancos e instituciones multilaterales de financiamiento (BID, Banco Mundial, FMI), endeudamiento bilateral de gobierno a gobierno; y fundamentalmente, con el impuesto inflacionario, es decir, con las emisiones de dinero sin respaldo, los llamados inorgánicos. La emisión inorgánica de dinero, no el endeudamiento público, era, en aquel entonces, la causa de todos nuestros malestares económicos.
De repente, los inorgánicos se ausentaron. Una nueva fuente de recursos surgió para cubrir los déficits fiscales: las colocaciones de bonos soberanos. La incursión inaugural de República Dominicana en el mercado global de capitales, en la cual me correspondió jugar un rol importante, tendría lugar el 11 de septiembre de 2001. Osama bin Laden lo impidió y la colocación tuvo que ser pospuesta 9 días. El 20 de septiembre de 2001, el país colocó sus primeros US$500 millones de bonos globales, iniciándose lo que Robert Lucas Jr., Premio Nobel de Economía en 1995, denominaría como un “cambio en el régimen de política” de financiamiento del déficit fiscal.
Pero el déficit fiscal no sólo iba a contar con esta ventanilla externa de financiamiento. En 1991 habíamos invitado al país a José Piñera, padre de la reforma de pensiones basada en el principio de capitalización individual. A partir de ese momento, la Fundación Economía y Desarrollo dio inicio a una intensa estrategia para promover la reforma de pensiones en República Dominicana basada en el modelo de capitalización individual. En el Programa Macroeconómico de Mediano Plazo para la República Dominicana: 1996-2000, elaborado por la Fundación Economía y Desarrollo con el apoyo del Banco Mundial, la reforma de pensiones fue una de las reformas estructurales más importantes. Esta reforma, presentada al presidente electo Leonel Fernández, el domingo 28 de julio de 1996, comenzó a ser debatida durante el período 1996-2000 y, finalmente, fue aprobada el 9 de mayo del 2001 durante la administración de Hipólito Mejía. La reforma previsional comenzó a generar un caudal creciente de ahorro doméstico que, con el tiempo, se ha convertido en la principal fuente de financiamiento interno del déficit del sector público.
Como se puede observar, al haber contribuido con el acceso a la fuente más importante de financiamiento externo y la creación de la fuente más importante de financiamiento interno del déficit fiscal, soy parcialmente responsable del nivel de la deuda pública que hoy tenemos. De la deuda pública consolidada total ascendente a US$54,469.3 millones en junio de 2021, US$24,627.5 millones está representada por bonos globales y US$9,816.6 millones por bonos domésticos de Hacienda y del Banco Central en poder de los fondos de pensiones. En otras palabras, el 63.2% de la deuda pública consolidada ha sido posible gracias a la incursión del país en el mercado global de capitales y a la creación del sistema de pensiones basado en la capitalización individual. En ausencia de estas fuentes, en vez de tener una deuda pública que las presentes y futuras generaciones tendrán que pagar con impuestos, posiblemente habríamos tenido que hacer frente a una inflación galopante y a devaluaciones incontrolables del peso dominicano. En otras palabras, el déficit fiscal habría sido financiado con el impuesto inflacionario, tal y como se hace, hoy día, en Venezuela.
Debido a lo anterior, pido permiso para ingresar a este debate; con el objetivo de pedir prudencia a “los jugadores de la deuda pública”, consciente de que las gradas del estadio están repletas de tenedores de los bonos globales de la República, muchos de los cuáles se alarman cada vez que escuchan que “los gobiernos pasados despilfarraron los recursos obtenidos con las colocaciones de bonos y préstamos externos”, “que los nuevos administradores de la nación recibieron una nación devastada, esta vez, por Osorios con cachucha morada”, o “que el actual gobierno se endeuda para pagar gastos corrientes, no de capital”. Deseo ingresar al debate, además, para presentar la contraparte, el lado, o los aspectos positivos del endeudamiento en que ha incurrido la nación. Estoy seguro que si el endeudamiento público no hubiese tenido un impacto positivo en nuestra economía, hace rato las gradas se habrían vaciado y tendríamos, como la mayoría de los países africanos, que regresar como niños malcriados a las aulas del BID, Banco Mundial y el FMI.
No mintamos más. Nuestro país registra un progreso indiscutible. Todos los administradores que ha tenido la nación desde 1966, comenzando con Balaguer, seguido por Guzmán, Jorge Blanco, de nuevo Balaguer, Leonel, Hipólito, Leonel de nuevo y Danilo, han contribuido al progreso económico y social de la nación. Por favor, dejen de hablar mal del caballo. El objetivo de toda nueva administración debe ser superar a la anterior en logros y realizaciones. Eso es lo que queremos y deseamos todos los dominicanos. Y todos debemos contribuir, desde el lugar donde nos encontremos, a que eso se produzca. El país gana si Luis Abinader termina haciéndolo mejor que Danilo Medina. Y ganará, si lo mismo ocurre con quien sustituya eventualmente a Luis. Solo así seguiremos manteniendo a República Dominicana como la estrella que más brilla en el firmamento económico latinoamericano.
Paso ahora a analizar la contraparte del endeudamiento público. Para ello me voy a auxiliar del tocayo Andy Hooke, de Bristol, Inglaterra, comerciante provincial iluminado, escritor Whig y dueño de un periódico durante el reinado de George II. En 1750, Andrew Hooke publicó el influyente y trascendental “An Essay on the National Debt, and National Capital: or, The Account truly Stated, Debtor and Creditor”, un ejercicio de “aritmética política” con el cual demostró, a partir de una serie de cálculos convergentes al PIB que Simon Kuznets formuló en 1937, que el nivel de deuda nacional no era, como afirmaban los críticos del gobierno, insostenible, sino perfectamente manejable. En su ensayo, Hooke comparó la riqueza del capital del país con el monto de la deuda nacional para demostrar que el nivel de esta última no suponía ningún peligro para el Estado.
Con ese ensayo, Hooke salió al frente a lo externado por los líderes de la oposición que lanzaban “atrevidas denuncias de una quiebra nacional”, con el objetivo de engañar a la población. Hooke concluyó que si la deuda nacional fuera la de un individuo, ese hombre sería reputado justamente como un hombre en la situación más prospera, si sus deudas no alcanzan a una doceava parte (8.33%) de su capital (en el caso de una nación, riqueza o capital nacional); ni a las cuatro quintas partes (80%) de sus ingresos anuales (en el caso de una nación, PIB); y si sus ganancias anuales en el comercio (ingresos fiscales en el caso de una nación) se destinasen a pagarla, permitirían hacerlo en el espacio de siete años a un interés simple. La realidad es que la mayor parte de la deuda pública que hemos contraído en los últimos 50 años ha sido destinada a aumentar el capital nacional, invirtiéndose en infraestructura productiva. Esa política ha sido buena y no debería cambiarse.
Estoy seguro que en nuestro caso, Andy Hooke recomendaría lo siguiente. En primer lugar, el endeudamiento público debe generar un aumento de la riqueza nacional, lo que se consigue con la inversión productiva de los recursos obtenidos. En segundo lugar, las políticas públicas deben fomentar el crecimiento económico sostenido. Y finalmente, aunque los ingresos fiscales permitirían pagar toda la deuda pública en 3.9 años, dado que el Estado tiene otras obligaciones irrenunciables, resulta impostergable “un cambio en el régimen de política” de recaudación de impuestos. Hay que recaudar más, mucho más.
