“Nunca es el momento adecuado para intentar la migración por mar. Para aquellos que arriesgan sus vidas haciéndolo, no vale la pena correr este riesgo. Permítanme ser claro: si te lanzas al mar, no vendrás a los Estados Unidos… El migrante interceptado en el mar, independientemente de su nacionalidad, no podrá ingresar a los Estados Unidos. Los migrantes que intentan ingresar a los Estados Unidos por mar ponen sus vidas en un riesgo increíble. Las aguas del estrecho de Florida en el Caribe son peligrosas, especialmente ahora que hemos entrado en la temporada de huracanes. La gente morirá… De nuevo, repito: no arriesgues tu vida intentando entrar ilegalmente a Estados Unidos. No vendrás a Estados Unidos.”
Esa fue la advertencia de Alejandro Mayorkas, Secretario de Seguridad Nacional del Gobierno de EE. UU., dirigida el pasado 13 de julio a los ciudadanos de Haití, seis días después del magnicidio del presidente Jovenel Moïse. Cada vez que en Haití la incertidumbre política se dispara, la crisis económica se profundiza o su geografía es sacudida por un desastre natural, el deseo de muchos haitianos de emigrar hacia Florida se intensifica. De ahí la advertencia del Gobierno de EE. UU. a los haitianos que estén ponderando cruzar el mar en busca de mejores oportunidades.
Hasta el momento, ningún gobierno del mundo ha criticado la posición estadounidense frente a la potencial migración ilegal de haitianos, posición que debe ser respetada pues Estados Unidos, al igual que las demás naciones del mundo, reconoce que su política migratoria es soberana y no puede, bajo ninguna circunstancia, ser diseñada e impuesta por organismos internacionales conformados por representantes de naciones. Ante la advertencia de Mayorkas, los potenciales emigrantes haitianos podrían deducir que cruzar la porosa frontera dominico-haitiana, constituye la opción que acarrea menor “costo de transacción”, en este caso, menor costo de emigración.
El pasado 27 de febrero, el presidente Luis Abinader anunció que, en el segundo semestre de este año, el Gobierno iniciará la construcción en la frontera dominico-haitiana de “una doble verja perimetral en los tramos más conflictivos y una simple en el resto, además de sensores de movimiento, cámaras de reconocimiento facial, radares y sistemas de rayos infrarrojos”. A raíz de los recientes acontecimientos que han tenido lugar en Haití y del anuncio del Secretario de Seguridad Nacional de EE. UU. asegurando que los haitianos que lleguen por mar a la Florida serán inmediatamente deportados a Haití, la decisión del Gobierno dominicano resulta ahora más urgente e importante que nunca.
La República Dominicana no podrá continuar transitando por el sendero de progreso económico y social que ha registrado en las últimas décadas si no logra establecer una institucionalidad efectiva, creíble y permanente para impedir la inmigración ilegal de personas y el contrabando de mercancías y sustancias ilícitas a través de la frontera dominico-haitiana. El Gobierno dominicano no debe hacer caso a las críticas de grupos y organizaciones no gubernamentales opuestos a la construcción de muros y verjas que permitan eliminar la porosidad de la frontera. Si las objeciones emanan de gobiernos extranjeros, no hay nada que temer. Las mismas deben ser totalmente ignoradas pues ninguna de esas naciones ha contribuido más que la nuestra con el pueblo haitiano. Mientras Francia, Estados Unidos y Canadá han acogido haitianos en su territorio que representan el 0.09%, 0.21% y 0.46% de su población actual, respectivamente, República Dominicana ha abierto su territorio a haitianos que representan el 7.3% de su población, es decir, entre 16 y 81 veces más que los recibidos por los tres representantes del Occidente desarrollado con cuotas de responsabilidad en Haití. Al primero que objete, se le envía la nota de prensa de Mayorkas. Al segundo, se le recuerda que, en 1989, cuando cayó el muro de Berlín, teníamos 11 muros en el mundo; hoy día tenemos 70.
Seamos realistas, cuando la diferencia de ingresos entre dos países que comparten fronteras es tan marcada como la existente entre República Dominicana y Haití (6.7 veces más en RD que Haití medidos en US$ internacionales de PPA), es necesario contar con una verja o muro que sirva de apoyo a la institucionalidad de la política migratoria, si se desea impedir la inmigración ilegal de personas y el tráfico ilícito de mercancías. En ausencia de estas barreras físicas, John Harris y Michael Todaro demostraron hace 51 años cómo las expectativas de mayores ingresos estimularían una emigración acelerada de haitianos hacia República Dominicana. Si esa brecha aumenta por el descalabro económico, social y político de Haití y la notable recuperación del ingreso en República Dominicana que está teniendo lugar este año, no hay que dar muchas vueltas para deducir que el estímulo de migrar por tierra está creciendo a diario.
El segundo semestre ha comenzado. Desconocemos si la construcción del muro o verja ha sido ya contratada. Si la Ley 340-06 está operando como barrera para acelerar la selección de las empresas constructoras, el Poder Ejecutivo debería someter al Congreso un Proyecto de Ley que autorice al Gobierno a asignar esta obra a un consorcio conformado por cuatro o cinco empresas calificadas y con experiencia en ejecución de obras de ingeniería de gran magnitud. Así como el Poder Legislativo desmanteló las barreras que enfrentaba el Gobierno para la compra de las vacunas contra el Covid-19, lo que ha permitido que nuestro país ocupe la tercera posición en la región, luego de Chile y Uruguay, en los índices de vacunación, nuestros legisladores deberían hacer lo mismo en el caso del proyecto de construcción del muro fronterizo. Estoy seguro de que si Harris-Todaro hubiesen incorporado en su modelo las expectativas de vacunación existentes en las dos naciones que comparten frontera, mayor sería el incentivo a migrar y más prioritario el levantamiento de la barrera.
El muro dificultará, de la misma manera que lo hace el mar en el caso de EE. UU., la emigración ilegal de haitianos a nuestro territorio. Ambos, el muro y el mar, crean las condiciones para el establecimiento de políticas migratorias que favorezcan y regulen el tránsito legal de personas y bienes mientras impiden y minimizan la inmigración ilegal de personas y la internación ilícita de mercancías. El muro constituiría un activo imprescindible para ejecutar una estrategia nacional de administración racional y pragmática de la frontera. En ausencia de un muro efectivo, República Dominicana nunca podrá asegurar la soberanía y autonomía que debe tener su política migratoria.
Una vez el muro haya sido levantado, al quedar claro que la opción de República Dominicana operando como esponja absorbente de migrantes haitianos ha sido eliminada, nuestro ejercicio de un liderazgo proactivo sobre el tema de Haití en los organismos internacionales para lograr la internacionalización del problema haitiano, será más efectivo pues el costo relativo de emigrar por mar vis-a-vis por tierra se reduciría considerablemente. República Dominicana dejaría de ser la absorbente de la emigración de haitianos inducida por la irresponsabilidad del Occidente desarrollado frente al problema haitiano. A partir de ese momento, Estados Unidos comenzaría a presionar a los demás países desarrollados, específicamente a Francia, para evaluar y ponderar las opciones más sensatas para enfrentar el problema haitiano. Estas incluyen el Informe Debray elaborado a finales del 2003, a solicitud del canciller francés Dominique de Villepin, el cual ofreció una carta de ruta sensata para enfrentar un problema que se inició con la independencia de 1804 y se agravó con las reparaciones exigidas por el monarca francés Carlos X, por las propiedades y esclavos perdidos por los colonos franceses.
No hay dudas de que Francia tiene una elevada cuota de responsabilidad en la incapacidad que ha exhibido Haití para ser menos pobre de lo que es hoy. El 11 de julio de 1825, mientras un escuadrón francés de 14 barcos de guerra, cargados con 500 cañones, apuntaban a Puerto Príncipe advirtiendo la posible restauración de la esclavitud, Boyer firmó el Acta por medio de la cual Haití se comprometió a pagar 150 millones de francos franceses por concepto de reparaciones, una suma que, en ese momento, era 10 veces mayor al presupuesto anual de la isla. Haití tuvo que endeudarse en múltiples ocasiones con bancos franceses, alemanes y estadounidenses para pagar a Francia. En 1838, Carlos X, mediante el “Tratado de Amistad”, redujo el monto de las reparaciones a 90 millones de francos, suma que equivalía, en ese año, a 5 veces el presupuesto anual de Francia. A Haití le tomó 122 años (1825-1947) pagar la deuda a Francia, lo que significó una sangría de recursos que, en ausencia de las reparaciones bajo extorsión, hubiesen sido invertidos en educación, salud, y obras de infraestructura fundamentales para el desarrollo de Haití. Esta es la verdad: una parte de la pobreza haitiana fue fabricada por Francia.
Thomas Piketty, un economista francés mundialmente reconocido, ha estimado que Francia, por concepto de estas reparaciones que obligó a pagar a Haití, actualmente tiene una deuda con el pueblo haitiano ascendente a US$28,000 millones. El cálculo de Piketty es correcto. Pero incurre en un error. La deuda es con Haití y República Dominicana. Piketty olvida que entre 1822 y 1844, la parte oeste de la Isla de Santo Domingo fue invadida por Boyer. Durante 19 de los 122 años del servicio de esa deuda, los dominicanos cargamos con una buena parte de los pagos de intereses y capital, es decir, con una parte del impuesto pagado por Haití a Francia para que esta reconociera la independencia de 1804. La historia registra la fuerte extracción de recursos que el Gobierno haitiano realizó en nuestro territorio durante los 22 años que duró la ocupación. Un cálculo preliminar que hemos realizado apunta a que, de los US$28,000 millones que Piketty ha estimado, US$25,500 millones corresponden a Haití y US$2,500 millones a República Dominicana.
Tenemos que unirnos con Haití en el reclamo de esa deuda pendiente que tiene Francia con Haití y República Dominicana. Dado que el Gobierno dominicano tiene una deuda de US$799 millones con Francia, principalmente con la Agencia Francesa de Desarrollo (AFD), deberíamos sentarnos con el Gobierno de Macron para llegar a un “Tratado de Real Amistad”, muy diferente a los tratados extorsionantes de 1825 y 1838, que nos permita cobrar lo que Francia nos debe. De ahí saldría el dinero para la construcción del muro y sobraría para Pedernales y Manzanillo.
