No hay que dar muchas vueltas para reconocer que el confinamiento adoptado por la mayoría de los gobiernos del mundo para hacer frente a la pandemia del Covid-19, generó costos económicos enormes a las naciones, traumas considerables a las empresas que dejaron de vender y los trabajadores que perdieron sus empleos y, finalmente, costos políticos para los gobernantes que, forzados por las circunstancias, decretaron los confinamientos.

Sólo organismos vivientes con marcado déficit de neuronas “piensan” que nuestros gobiernos disfrutan cuando solicitan autorizaciones al Poder Legislativo para imponer confinamientos, toques de queda y medidas de distanciamiento social con el objetivo de moderar la propagación de la pandemia. La verdad apunta a otro lado. Son medidas dolorosas y políticamente costosas que ningún gobernante o aspirante a dirigir una nación desea tomar.

Mientras los índices de vacunación son bajos, la presión de los vacunados no es lo suficientemente elevada como para despertar en los gobiernos el necesario Leviatán de Hobbes que actúe para prevenir el caos y la anarquía. Los gobiernos comienzan a sentir esta presión en la medida que los índices de vacunación completa (2 dosis recibidas) se acercan al umbral del 50% de la población. Una vez el índice de vacunación se aproxima a este umbral, los gobernantes comienzan a sentir una presión cada vez más intensa de parte de los vacunados para la generalización del proceso, más aún cuando los indicadores de contagio diario apuntan a una tercera o cuarta oleada, estimuladas por nuevas variantes que parecen no discriminar entre vacunados y no vacunados, pero encuentran en los últimos su caldo de cultivo.

El pasado 12 de julio, Emmanuel Macron, presidente de Francia, estableció el requisito del pasaporte sanitario de vacunación en múltiples lugares públicos. A partir del 21 de julio, el certificado es necesario para entrar en teatros, cines y espacios culturales que reúnan a más de 50 personas, mientras que en agosto esta solicitud fue expandida a bares, restaurantes, centros comerciales y transporte público. Las disposiciones tuvieron una súbita repercusión: más de un millón de pedidos de turnos para vacunación y un récord de inmunizaciones en un solo día, con 792,339 dosis aplicadas. Como era de esperar, las protestas de los anti-vacunas franceses se han dejado sentir en las últimas dos semanas. 

Grecia anunció medidas similares el mismo día que lo hizo Macron. A pesar de que la Rusia de Putin está opuesta a la vacunación obligatoria, en junio pasado Moscú ordenó que los cafés, bares y restaurantes solo podrán atender a personas que muestren una prueba de vacunación, de inmunidad o una prueba negativa de coronavirus. En mayo pasado, Arabia Saudita dictaminó que todos los empleados del sector público y privado que deseen asistir a sus lugares de trabajo presenciales deberán estar vacunados. Desde el 1ro. de agosto, solo las personas vacunadas pueden ingresar a edificios y oficinas gubernamentales, privados o educativos y utilizar el transporte público.

Kazajistán anunció el pasado 23 de junio el requisito de estar vacunado o presentar semanalmente pruebas negativas de coronavirus para las personas que trabajen en empresas de más de 20 personas. El gobierno de Fiji decretó la vacunación obligatoria para todos los empleados del sector público y privado. Los empleados públicos que no hayan recibido la primera dosis antes del 15 de agosto entrarán en licencia; en caso de no estar completamente vacunados antes del 1 de noviembre, podrían ser despedidos. Los trabajadores del ámbito privado, en tanto, deberán tener la primera inyección antes del 1 de agosto, con riesgo de multas para las empresas que incumplan. En Pakistán, algunos gobiernos provinciales han adoptado acciones que castigan la falta de vacunación. En Baluchistán, el no vacunado tiene prohibido el ingreso a edificios públicos, la entrada a centros comerciales y el uso del transporte público desde el 1 de julio. En Sind, el funcionario que rechace ser vacunado, no cobra. Y en Punyab, el no vacunado pierde el derecho a comunicarse por telefonía fija o móvil. 

En San Francisco, EE.UU., cerca de 35,000 trabajadores de la ciudad se enfrentan a posibles sanciones o despidos si no acceden pronto a la vacunación. En New York, el alcalde Bill de Blasio anunció la semana pasada que en los próximos días todo el que desee ingresar a un restaurante, bar, gimnasio o teatro en New York deberá mostrar la prueba de haber sido vacunado contra el Covid-19. Incluso la mayoría de los equipos de béisbol de Grandes Ligas exigen pruebas de vacunación a los fanáticos antes de ingresar a los estadios.

El nuestro ha sido uno de los gobiernos del mundo que más esfuerzos ha realizado para dotar al país de vacunas, consciente de que sólo así podremos dejar atrás los efectos negativos y traumas considerables provocados por la pandemia del Covid-19.  Al 6 de agosto, el 41.4% (53.5%) de la población total (de la población de 12 años o más) había recibido dos dosis de la vacuna. A esa misma fecha, el 11.9% (15.4%) había recibido sólo una dosis. Incluso, el 4.3% (5.6%) había recibido 3 dosis. Si mantenemos el ritmo actual de vacunación, llegaremos al 50% (64.6%) de la población total (de la población de 12 años o más) completamente vacunada el próximo 8 de septiembre. Aunque las métricas lucen muy bien, las mutaciones y variantes del virus nos obligan a acelerar el paso. 

Creo que ha llegado el momento de que el gobierno dominicano inicie rápidamente el tránsito desde el paternalismo libertario en materia de vacunación, que ha predominado en la mayoría de los países del mundo, al pragmatismo hobbesiano  que ha comenzado a imponerse en algunas geografías, las cuales han entendido que los vacunados somos más y que los derechos y la libertad de los no-vacunados no pueden convertirse en licencia para poner en riesgo la vida de los vacunados, es decir, de aquellos que han cumplido con el deber cívico de vacunarse para protegerse no sólo ellos, sino también a  los demás. Si lo permitimos, promovemos el reinado del caos y la apertura. Un poco de Leviatán será necesario para evitar que el gran esfuerzo que ha realizado el gobierno dominicano para obtener las vacunas, sea erosionado por el déficit de civismo y el superávit de ignorancia que afecta a una parte de la población.