Para crecer hay que invertir. En los períodos en que la inversión bruta ha sido relativamente baja, la economía dominicana ha crecido poco. Entre 1980 y 1990, la inversión bruta anual promedio fue solo 19.3% del PIB. En ese período, el crecimiento anual promedio del PIB fue de apenas 3.0%. Entre 1997 y el 2000, la inversión bruta anual promedio aumentó a 26.3% del PIB. En esos cuatro años, el crecimiento del PIB real anual promedió 6.6%. Entre el 2001 y el 2004, la inversión anual promedio cayó a 23.4% del PIB, y con ella lo hizo el crecimiento del PIB, el cual alcanzó un promedio de 2.0%. Finalmente, entre 2005 y 2019, la inversión bruta aumenta a un promedio de 25.1% del PIB y hala el crecimiento de la economía a un promedio anual de 5.8%.

El 86% de toda la inversión bruta anual durante el período 2007-2020 ha sido ejecutada por el sector privado. El sector público, al hacer frente a una restricción presupuestaria caracterizada por baja recaudación y topes implícitos en el endeudamiento, apenas ha ejecutado el 14% del total de la inversión bruta anual promedio.

En el cuadro latinoamericano no estamos mal posicionados.  En el 2019, el último año previo a la pandemia del Covid-19, la inversión bruta alcanzó el 26.0% del PIB, la segunda más elevada luego de Panamá, que lideró a la región con 39.3% del PIB. No es por casualidad que República Dominicana y Panamá han sido las economías de mayor crecimiento económico en la región durante los últimos 50 años.

Lo anterior no debería llevarnos a pensar que invertimos mucho. Recordemos que América Latina es una región raquítica en materia de inversión. Cuando contrastamos con los niveles de inversión de las economías del Asia, sólo Panamá ha registrado niveles comparables de inversión, tuteando los niveles de China en los años 2014-2018. Panamá ha podido sostener niveles asiáticos de inversión bruta gracias al fuerte dinamismo que ha exhibido la inversión pública.  Cuando comparamos los niveles de inversión pública en Panamá con los de República Dominicana, la diferencia es considerable. Mientras en el período 2007-2020, la inversión pública en Panamá registró un promedio de 8.8% del PIB, en República Dominicana apenas alcanzó 3.5%, arrojando una diferencia de 5.3% del PIB.  ¿A qué se debe la misma? No hay que dar muchas vueltas.  Mientras el sector público no financiero en Panamá recibe anualmente ingresos fiscales en la vecindad del 20% del PIB, el nuestro tiene que manejarse con 15%. A lo anterior solo tenemos que agregar que, mientras las EDES panameñas de capital mixto, con administración privada y plan de negocios despolitizado, ganan dinero y pagan impuestos al gobierno, las nuestras, 100% estatales, pierden dinero y para no quebrar, necesitan recibir de su único accionista transferencias anuales superiores al 1% del PIB.

República Dominicana debe trazarse una meta de inversión bruta de 30% del PIB, 25% correspondiente al sector privado y 5% al sector público. Esa es la vía para irnos desacoplando de una región con desempeño macroeconómico mediocre y que se niega a aprender de sus errores, como revela la designación de una india mapuche para liderar la redacción de la nueva Constitución de Chile, la elección como Presidente de Perú de un maestro incapaz-marxista-populista con sombrero a la Droop-a-long pegado con coquí en la cabeza, y la posible elección a la Presidencia de Colombia el año próximo, de un ex guerrillero de izquierda adicto al populismo. La meta de una inversión pública equivalente a 5% del PIB no es posible con el status quo que enmarca a la fiscalidad dominicana. En otras palabras, la meta del 5% del PIB para la inversión pública tendrá que esperar la ejecución de una reforma fiscal integral de gran alcance. La meta propuesta no es descabellada.  En el período de 60 años comprendido entre 1960-2019, esa meta se alcanzó o sobrepasó en 28 años, prácticamente durante el 50% del tiempo transcurrido.

En lo que viene la reforma, el Gobierno debe evitar que los niveles de inversión pública caigan por debajo del promedio relativamente bajo de los últimos tres años (2.6% del PIB). De ahí la importancia de acelerar el paso, en el segundo semestre de este año, en materia de ejecución de los proyectos de inversión pública que el Gobierno ha anunciado. En el período enero-abril de 2021, según las estadísticas fiscales del Ministerio de Hacienda, la inversión pública apenas alcanzó RD$19,789 millones, equivalente al 40% de la realizada en ese período en el 2020. Si la sub-ejecución no se corrige, la inversión pública en el 2021 podría terminar en la vecindad del 1% del PIB, el nivel más bajo de los últimos 60 años, y posiblemente desde que esta variable macroeconómica comenzó a calcularse en nuestro país.

En un país con una brecha de infraestructura de acceso, calidad y adicional que ha sido estimada en US$38,806 millones por organismos internacionales de financiamiento, tenemos espacio suficiente para dinamizar la inversión pública y, de esa manera, elevar la competitividad de nuestra economía y el bienestar de todos los dominicanos.