Así calificamos la decisión del presidente Abinader de no someter, en este momento, un Proyecto de reforma tributaria al Congreso Nacional. ¿Por qué?
En primer lugar, el nivel de incertidumbre actual en la economía global es realmente alarmante. Los cuellos de botella que estamos observando por el lado de la oferta global de bienes y servicios, inducidos por las fracturas provocadas en los mercados a raíz de las medidas de confinamiento adoptadas por la mayoría de los países, han generado aumentos considerables de los precios de algunos “commodities” que llevan a pensar que la inflación global no será tan transitoria como inicialmente se pensó. Hace un año, el precio del barril de petróleo WTI era de US$39.40; hoy cuesta US$84.64, un 115% más caro. A final de octubre del 2020, el galón de gasolina en las estaciones de combustibles de Estados Unidos costaba US$1.13; hoy cuesta US$2.48, más del doble. El 29 de octubre de 2020, el precio de la tonelada métrica de carbón GC Newcastle era de US$58.20; el pasado viernes 29 de octubre, alcanzó US$223.40, reflejando un aumento de 282%. La competencia entre Europa y Asia por la escasa oferta de gas natural ha provocado que el precio del LNG, que en febrero de 2021 llegó a costar US$5.60 por mmBtu, saltase casi un 600% en octubre de este año, al alcanzar US$38.50. Eso explica, en parte, el por qué la tarifa promedio de electricidad en Alemania, Francia e Italia, que en febrero de este año era de 5.89, 5.95 y 6.61 centavos de dólar por kilovatio/hora, el pasado mes de septiembre alcanzó 15.10, 15.91 y 18.68 centavos de dólar, respectivamente, registrando aumentos en el rango de 156% – 182%.
Esa inflación de los “commodities” y específicamente, la que afecta a los precios de la energía y la electricidad, está llegando a nuestros puertos. Ahí tendremos que decidir si damos el salto al vacío abrazados del populismo que abunda en las oclocracias o si actuamos con responsabilidad. Si el Gobierno está convencido que la inflación de los “commodities” será efímera, una percepción que ha ido cambiando a nivel global, tendrá que decidir cuánto permitirá que la inflación importada erosione el poder de compra de la población. Si somos sensatos y responsables, no deberíamos pedirle al Gobierno que absorba la totalidad de esos aumentos, pues eso afectaría su capacidad para proveer los servicios sociales que ofrece a la población. Por tanto, uno esperaría, como ya hemos comenzado a ver en las últimas semanas, que el Gobierno deje que parte de esa inflación importada impacte gradualmente los precios internos. Esa decisión, por sí sola, mejora el balance fiscal. Si a ese brote inflacionario que viene de fuera, el gobierno le hubiese añadido en estos momentos aumentos de tasas y bases impositivas, la pérdida de poder adquisitivo sería todavía mayor y todos sabemos a lo que eso podría conducir.
En segundo lugar, crece la percepción a nivel global que la fuerte recuperación que hemos observado en la economía mundial desde el último trimestre de 2020 hasta el segundo trimestre de 2021, ha comenzado a perder intensidad, producto en gran parte a los cuellos de botella en la oferta, las alzas descomunales en los precios del carbón, el gas natural y el petróleo, y los cierres temporales de las fábricas en los principales centros manufactureros del mundo a raíz del avance de la variante Delta del Covid-19. La economía de Estados Unidos, que había registrado un crecimiento de 6.7% en el segundo trimestre de este año, apenas creció 2% en el tercer trimestre. China, que había registrado un crecimiento de 7.9% en el segundo trimestre de 2021, solo creció 4.9% en el tercer trimestre de 2021, por debajo de la expectativa de 5.2% que se tenía. En México, lo mismo. Creció 19.5% en el segundo trimestre de 2021 y apenas 4.8% en el tercero. Nosotros nos hemos beneficiado este año de un boom sin precedentes de las remesas. No creo razonable esperar que ese boom continúe en el 2022, aunque seguramente los ingresos del turismo en el 2022 compensarán con creces la potencial baja de las remesas. Si los choques y cuellos de botella en la oferta no se disipan en los próximos meses, los dominicanos no debemos apostar a fuertes vientos de crecimiento económico provenientes del exterior en lo que resta del año y el primer semestre de 2022. Si la economía global se desacelera, la nuestra también lo hará. En un escenario como ese, una reforma como la tributaria, que persigue reducir un déficit fiscal y, por tanto, tiene un efecto inicial contraccionario, debería ser vista como opción de última instancia ante una situación de incapacidad de pagos. Esa, sin embargo, no es nuestra situación y los 4 centinelas (FMI, la banca global de inversión, los tenedores de bonos y las calificadoras) lo saben.
En tercer lugar, resulta muy cuesta arriba justificar una reforma fiscal sobre la base de lo que el Gobierno desea o se propone hacer y no sobre la base de lo que es en este momento. La fotografía fiscal del 2021 indicaría que la reforma no es necesaria. Del 1ro. de enero al 22 de octubre de 2021, los registros de la Dirección General de Presupuestos indican lo siguiente: (1) un superávit fiscal de RD$11,409 millones, equivalente a 0.27% del PIB; (2) un superávit primario (balance fiscal excluyendo el pago de intereses de la deuda pública), que es el más observan los 4 centinelas, de RD$132,326 millones, equivalente a 3.14% del PIB, superior al pago de los intereses; y (3) un gasto de capital de RD$51,324 millones, equivalente a 1.2% del PIB. Particularmente pienso que cuando cierre el año, el déficit no sobrepasará 0.6% del PIB, lo que implica una mejora de 7 puntos porcentuales del PIB con relación al nivel del 2020. Con un PIB nominal (a precios corrientes) que va a crecer más de 19%, la deuda pública va a caer cerca de 5 o 6 puntos como porcentaje del PIB; incluso, con el fuerte aumento de las recaudaciones, los intereses de la deuda pública como porcentaje de los ingresos del Gobierno neto de donaciones terminarán entre 18.5% y 19.0%, por debajo de las proyecciones iniciales de 24% a 25% que se tenían.
Es cierto que parte de la mejora sustancial de la situación fiscal tiene su origen en la muy baja ejecución de la inversión pública, la cual terminará en la vecindad de 1.7% – 1.8% del PIB, cuando el país requiere y así lo ha hecho saber el BID, cerca de 4%. Pero la realidad es la realidad. El Gobierno ha establecido un estricto protocolo para garantizar la total transparencia en las inversiones públicas y ha estado ejecutando una labor de depuración e identificación del inventario de obras en ejecución y paralizadas. Para el 2022, el Gobierno tiene presupuestado un gasto de capital de RD$130,000 millones, cercano a 2.2% del PIB. Si se logra ejecutar, con el aumento de las recaudaciones que arrastraría un crecimiento del PIB real de 5% – 6% en el 2022 y los ahorros en gastos improductivos que se han anunciado, el Gobierno podría acomodar el aumento presupuestado del gasto de capital sin detonar un resultado fiscal preocupante.
En cuarto lugar, la población lleva año y medio afectada por una pandemia que parece haber elevado su nivel de irritabilidad e intolerancia. La pandemia no ha terminado. Incluso, las autoridades están alertando sobre la presencia de una cuarta oleada. No todo el que perdió su empleo, lo ha recuperado. Miles de micro y pequeñas empresas han cerrado. La banca que presta al sector de las micro y pequeñas empresas es testigo del daño que la pandemia generó en este segmento de la economía. La prudencia aconseja dar más tiempo a la población para sobreponerse de lo que ha tenido que soportar y afrontar desde marzo de 2020, antes de someterla a una reforma que vamos a necesitar ejecutar, no ahora, sino más adelante.
Finalmente, creo que el Gobierno necesita más tiempo para elaborar una reforma fiscal que sea consistente, sensata y efectiva. Los textos que han circulado por los medios y que desconocemos si fueron o no elaborados en dependencias oficiales, desde nuestro punto de vista, no reúnen esas características. Un ejemplo sencillo: el aumento de la tasa de impuesto sobre la renta de las empresas de 27% a 30%, afecta únicamente a las empresas que declaran beneficios, pero no toca a las decenas de miles de empresas que, año tras año, declaran pérdidas y no quiebran. Esa iniciativa no es sensata. Ha hecho bien el presidente Abinader, al hacer una pausa indefinida en su discusión. Eso le dará tiempo al Gobierno para diseñar una reforma en secuencia, que pueda ser ejecutada por bloques. No hay nada en la teoría y práctica de las reformas impositivas que mande u obligue a tocar todas las figuras impositivas al mismo tiempo. Incluso, dependiendo de como vaya el 2022 y como ceda la incertidumbre en la economía mundial, el Gobierno podría presentar un primer bloque a mediados del 2022, que toque una figura impositiva o a lo sumo dos, y deje un segundo bloque para mediados del 2024. Diseñemos la reforma despacio, que todos tenemos necesidad de hacerlo bien.
