A Sebastián Piñera le tumbaron el pulso. Con una popularidad que rondaba el 6% en los primeros meses del 2020, no puso mucha resistencia y permitió que el sistema de pensiones que creó su hermano José hace 40 años, recibiese una grave estocada. Con un nivel de capital político prácticamente agotado, el presidente chileno dejó que el populismo irrumpiese en el Congreso Nacional bajo la consigna de ¡Retiro Anticipado o Muerte! La insensatez se impuso.  El 23 de junio del 2020, se aprobó la Ley 21.248 que autoriza a los chilenos a retirar anticipadamente hasta el 10% de sus fondos de pensiones. A pesar de que los promotores del retiro anticipado aseguraron que sería sólo una violación, el 10 de diciembre, un segundo retiro de hasta un 10% de los fondos de pensiones fue de nuevo autorizado.

Al 29 de enero del 2021, un total de 17 millones de chilenos habían sido autorizados a drenar sus cuentas de pensiones. A esa fecha, US$33,715 millones, equivalente al 16% del balance total de los fondos de pensiones, habían sido retirados. Los promotores de la reforma señalaban que la misma era necesaria no sólo para garantizar que los chilenos tuviesen recursos para comprar alimentos y poder así sobrevivir los efectos depresivos de la pandemia, sino que la misma generaría una gran expansión de la demanda de bienes y servicios y estimularía una fuerte recuperación de la economía.

¿Resultados? La economía chilena, a pesar de que el turismo apenas representa el 2.3% del PIB, sufrió una caída de 6.0% en el 2020, casi similar a la de 6.7% que evidenció la economía dominicana, en la cual la incidencia del turismo es 3.2 veces mayor.  ¿Comieron mejor los chilenos con los fondos de pensiones retirados? Las fotos en la prensa y las estadísticas del 2020 reflejan que una buena parte del desahorro fue utilizado para comprar electrodomésticos, especialmente, televisores, neveras, lavadoras, secadoras, laptops y notebooks. En efecto, el índice de actividad del comercio al por menor que se dedica a la venta de productos electrónicos y tecnológicos para el equipamiento del hogar, que había promediado 163 en el trimestre abril-junio del 2020, saltó a 226 en agosto y cerró el año en 250, 26% por encima del cierre del 2019. “Hay que darse un gusto” decía uno de los trabajadores que había retirado parte de su fondo de pensiones, al salir de una de las megatiendas cargado de dos televisores plasma Samsung. Nos imaginamos que más gusto se dieron los dueños de las tiendas de electrodomésticos.

El primer retiro anticipado redujo el ahorro de pensiones en 6.0% del PIB.  El Banco Central de Chile (BCCh) estimó que ese desahorro apenas generó un crecimiento de 1.2% del PIB, indicando que el multiplicador del gasto privado generado por el desahorro de pensiones fue de apenas 0.2.  El BCCh indicó que, si el Gobierno hubiese optado por endeudarse en el exterior en 6% del PIB y destinado esos recursos a la inversión pública, el PIB habría crecido en 6.3%, reflejando un multiplicador de 1.05, cinco veces mayor que el diminuto impacto producido por un desahorro de pensiones que favoreció la venta de electrodomésticos importados.

Los retiros anticipados de los fondos de pensiones en Chile no desencadenaron presiones devaluatorias e inflacionarias debido a que las AFPs chilenas, al tener una parte importante de la cartera de los fondos de pensiones invertidas en acciones de empresas en el exterior y títulos de deuda soberana y corporativa extranjeras, tomaron la decisión de cancelar US$6,750 millones de esas inversiones en el exterior, principalmente en el Asia, dólares que ingresaron a la economía  y evitaron presiones sobre los precios y la tasa de cambio. Esta cancelación corresponde únicamente al primer retiro.  Se estima que, para el segundo retiro, las AFPs terminarán cancelando US$6,250 millones adicionales de activos en el exterior.

“Un gustazo, un trancazo”.  Ese es el resultado para los 4.2 millones de chilenos que optaron por retirar todo lo que tenían en sus cuentas de pensiones y quedarán sin pensión cuando alcancen la edad de retiro.  Quienes aspiren a dirigir Chile en el futuro, desde ya deben ir pensando cómo van a contener las presiones de esos 4.2 millones de chilenos que, debido al populismo previsional, no tendrán pensiones cuando se retiren.  Desde ya deben ir evaluando los impuestos que tendrán que aumentar para financiar la irresponsabilidad de quienes promovieron esta reforma olvidando que los latinoamericanos padecemos de miopía intertemporal.  Tendemos a minimizar exageradamente la importancia del futuro, quizás amparándonos en la creencia de que la Virgen del Carmen, Nuestra Señora de la Merced o la Virgen de la Altagracia proveerán.  Por eso tendemos a utilizar tasas hiperbólicas para descontar el futuro, lo que nos lleva a exhibir una marcada preferencia por el consumo presente.  Los políticos, conscientes de esa realidad, en vez de actuar con responsabilidad, optan por abrazar el populismo, a sabiendas de que con ello dejan una deuda implícita inmanejable a los futuros gobernantes.

En Perú, la historia no resultó ser diferente. Martín Vizcarra, con la popularidad rondando el 87%, insuflada por la pandemia, quizás pensó que podría llegar al 100% abriendo las puertas del sistema de pensiones a las hordas populistas del retiro anticipado. El 1ro. de mayo de 2020 se aprobó la Ley No.31017 que autoriza un retiro anticipado máximo de 25% de los fondos de pensiones. El 18 de noviembre, 8 días después de la destitución del presidente Vizcarra, se aprobó la Ley No.31068 que permite un segundo retiro. Un total de 7.8 millones de peruanos habían sido autorizados a final de enero del 2021 a realizar retiros anticipados de sus cuentas de pensiones, dando paso al retiro de US$9,362 millones, equivalente al 20% del total de la cartera de los fondos de pensiones. 

La justificación era similar a la chilena.  Los peruanos necesitaban ese dinero para sobrevivir la pandemia.  Con ese gasto, la economía se recuperaría y con ella el empleo.  Las ventas del comercio al por menor aumentaron en 12% en julio-noviembre del 2020 con relación al mismo período en el 2019. Al igual que sucedió en Chile, los peruanos se fueron de compras, sin importarles que, gracias al retiro anticipado de sus fondos, la pensión que recibirán se reducirá, en promedio, en un 16%.  Los 1.9 millones de peruanos que retiraron la totalidad de lo que tenían en sus cuentas, optaron por gastar hoy la fuente de recursos que alimentaría las pensiones que ya no van a recibir cuando alcancen la edad de retiro.  Esa deuda, o carga implícita de los trabajadores miopes que descontaron hiperbólicamente el futuro, tendrá que enfrentarla los futuros gobiernos peruanos.

Al igual que en Chile, las AFPs peruanas cancelaron inversiones que tenían en el extranjero. La estimación de la cancelación de activos en el exterior de las AFPs peruanas se proyecta que alcanzará US$3,925 millones, teniendo en cuenta que estas posibilitaron el primer retiro de US$6,691 millones con la cancelación de US$2,810 millones de activos extranjeros. El haber podido cancelar activos en el extranjero evitó el surgimiento de presiones alcistas en la tasa de cambio y en los precios domésticos.

El retiro de casi el 20% de los fondos de pensiones en Perú no pudo evitar la caída de 12.4% que sufrió el PIB real en el 2020. La economía peruana cayó prácticamente el doble de la baja que sufrió la dominicana, a pesar de que el sector turismo en Perú tiene una participación de 4.7% en el PIB, muy por debajo del 7.4% que tiene en República Dominicana.

Las hordas del populismo previsional dominicano han irrumpido con consignas y piedras en la frontera del Congreso Nacional, reclamando la aprobación de una ley que autorizaría el retiro de hasta un 30% de los recursos que mantienen las personas en sus cuentas de pensiones. A diferencia de las AFPs chilenas y peruanas, las nuestras no tienen un centavo invertido en activos en el extranjero. En consecuencia, los RD$190,000 millones que serían potencialmente retirados, saldrían fundamentalmente de la cancelación de Bonos de Hacienda y Certificados de Inversión del Banco Central. Dado que al final de cuentas el Banco Central pondría los pesos necesarios para pagar los Bonos de Hacienda que serían cancelados por las AFPs, el medio circulante (M1) podría aumentar en un 35%.  Como el Banco Central sabe que eso desataría fuertes presiones inflacionarias y devaluatorias, muy posiblemente se vería conminado a cambiar la pose acomodaticia que ha exhibido desde que se inició la pandemia.  En otras palabras, intensificaría la colocación de nuevos títulos de deuda del Banco Central en el mercado, para lo cual se vería precisado a ofertar tasas de interés más altas. 

El aumento en las tasas de interés posiblemente terminaría erosionando una gran parte del efecto dinamizador del desahorro de 4.2% del PIB que el retiro anticipado provocaría. El retiro anticipado ejercería presiones alcistas adicionales sobre los precios de los bienes que conforman la canasta alimenticia, si fuese cierto que el destino del desahorro fuese la compra de alimentos.  Si al igual que Chile una buena parte fuese destinado a la compra de electrodomésticos, la presión recaería sobre la tasa de cambio y las reservas del Banco Central, al estimularse la demanda por importaciones, algo que el Banco Central no necesita en un momento en que los precios de las materias primas, del petróleo y derivados y de la mayoría de los commodities, así como los fletes marítimos, han aumentado de manera considerable.

El retiro anticipado del 30% de los balances en las cuentas de pensiones, reduciría el monto de las pensiones a recibir entre 17% y 21%. Si las pensiones a pagar en el futuro iban a ser relativamente bajas debido a la bajísima tasa de cotización que prevalece en nuestro sistema de pensiones, ¿tiene sentido introducir reformas que sólo servirán para reducirlas aún más?  Sólo lo tendría si el objetivo final fuese primero desacreditar y luego destruir el sistema de pensiones basado en la capitalización individual, con el objetivo de abrir las puertas al retorno de un sistema de reparto que obligaría a los diseñadores de la reforma fiscal integral a añadir por lo menos otros 6 puntos porcentuales adicionales del PIB a la meta de presión tributaria de 18% que deberían perseguir con la reforma que iniciaría en el 2022. Eso es lo que necesitaría, en promedio, el Estado dominicano para financiar un sistema generalizado de reparto en el país.

Tenemos la impresión de que la preocupación de los promotores de la reforma reside en los trabajadores que no serán reincorporados a sus puestos de trabajo y, por tanto, no contarán con ingresos para sostenerse cuando el Gobierno suspenda la provisión de asistencia transitoria que ha venido ofreciendo. Si el objetivo que persiguen los promotores del retiro anticipado del 30% de los fondos de pensiones fuese proveer recursos a los trabajadores de la manera menos distorsionante y perjudicial posible, en lugar de tomar dinero de los fondos de pensiones del trabajador, la mejor opción sería la aprobación de una ley que permita a las empresas prestar dinero a los trabajadores contra el saldo que estos mantienen en sus cuentas implícitas de cesantía. Recordemos que los trabajadores no perciben intereses sobre los balances acumulados en sus cuentas de cesantía, a diferencia de la rentabilidad anual promedio de 13% que han obtenido en sus cuentas de pensiones.  Se estima que, en promedio, las prestaciones acumuladas en las cuentas de cesantía oscilan entre 5 y 10 meses de salario.

Estamos conscientes de que la situación financiera de la mayoría de las empresas dominicanas se ha deteriorado desde marzo del 2020 y que una gran parte no dispone de suficiente liquidez para pagar prestaciones.  El Banco Central podría acordar con los bancos líneas de crédito a tasas muy bajas que permitan a los últimos prestar dinero a las empresas. Con esos recursos, las empresas dispondrían de liquidez para prestar dinero a los trabajadores con la garantía del balance que estos mantienen en sus cuentas de cesantía.  El financiamiento de los bancos a las empresas debería ser a una tasa de interés nominal similar a la tasa de inflación, de manera que la tasa real sea prácticamente de 0%. Esa misma tasa se cargaría a los trabajadores, quienes tendrían la opción de tomar el préstamo contra sus futuras prestaciones o solicitar simplemente el pago de las mismas, en la medida en que la economía se vaya recuperando, el personal liquidado iría incorporándose nuevamente al mercado de trabajo. Las ventas totales de nuestras empresas en diciembre pasado superaron en mas RD$13,000 millones las realizadas en diciembre del 2019, a pesar que el sector de hoteles, bares y restaurantes facturó RD$8,300 millones menos.  Eso es un claro reflejo de que “Dominicana Finds A Way” frente a las coyunturas difíciles que se le presentan.

Esperemos, por el bien de nuestra economía, la sostenibilidad de las finanzas públicas y la estabilidad macroeconómica, que el sistema de pensiones dominicano que se creó bajo la administración perredeista que encabezó Hipólito Mejía, no reciba la estocada cuasi-mortal que los Trucutú del reparto quieren infligirle. Estoy seguro que el Gobierno que preside Luis Abinader hará todo lo que esté a su alcance para evitar que semejante retroceso se materialice.