A todos, excepto al entonces presidente de la República, Leonel Fernández, los conminaron a desfilar el 7 de septiembre de 2011 en uno de los salones de la Universidad Católica Santo Domingo, para firmar el compromiso a través del cual los 10 candidatos a la presidencia, incluyendo a Hipólito Mejía del PRD y a Danilo Medina del PLD, se comprometían a cumplir el mandato de la Ley 66-97 General de Educación de invertir el 4% del PIB en educación. Simpático espectáculo. Mientras menos preferencias registraban los candidatos en las encuestas, más bajo se encontraban el 4%; uno, cuyo partido obtuvo apenas poco más de 11,000 votos, reclamó que se subiera al 6%. El desfile conminatorio fue inducido por la presión de la sociedad amarilla que, en un país caracterizado por un enorme déficit de comprensión y capacidad de análisis, había logrado teñir los principales centros urbanos de un color utilizado en todo el mundo (acompañado de letras, números y símbolos negros), como señal de precaución por qué hay factores de riesgo cerca que pueden ser peligrosos. Ninguno pudo negarse a firmar pues esto podría provocar su derrota en las cercanas elecciones de mayo de 2012, más aún cuando las encuestas comenzaron a cerrar la brecha entre los dos principales candidatos.

El 5 de noviembre de 2012 publicamos en El Caribe un artículo titulado “Evitemos desacreditar el 4%”, en el cual advertimos que forzar a un gobierno que apenas recibía ingresos corrientes equivalentes a 13% del PIB, a “invertir” 4% del PIB en educación era una insensatez. Señalamos que, en aquel entonces, los gobiernos de América Latina recibían ingresos corrientes promedio equivalentes a 26.6% del PIB e invertían, en promedio, 5% del PIB en educación. Indicamos que, “después de invertir 5.0% del PIB en educación, a los gobiernos de la región les queda 21.6% del PIB de ingresos para cubrir todas las demás responsabilidades del Estado.” Al dominicano, sin embargo, apenas le quedaría un 9%. Señalamos que era necesario un pacto que debía “enfrentar el déficit más grande que tiene el país en estos momentos, el de maestros de calidad.”, advirtiendo que, si no contratábamos todos los años, un mínimo de 5,000 maestros del exterior, íbamos a terminar desacreditando el 4%. Jaime Aristy y el autor de este artículo habían recomendado lo mismo hace 20 años, en un estudio para el BID contenido en el libro “¿Quiénes son los maestros? Carreras e incentivos docentes en América Latina”, editado por Juan Carlos Navarro en el 2002.

El 26 de febrero del 2018 publicamos en El Caribe el artículo “4% del PIB o 20% de los ingresos del Gobierno”, en el cual señalamos que “el populismo educativo le ha puesto una camisa de fuerza a las finanzas públicas que sólo es posible soportar con inyecciones anuales de déficit y endeudamiento público. La demostración más contundente que puede ofrecerse de que el 4% del PIB constituye una camisa de fuerza insoportable para las finanzas públicas, es la extremadamente elevada absorción de los ingresos del Gobierno que traga la educación pública.” En esa publicación mostramos la foto correspondiente al 2016.  El equipo de investigación de la Fundación Economía y Desarrollo, actualizó esta semana la gráfica con los datos al 2019, el año previo a la pandemia.  Nada ha cambiado.  Los países de la América Latina, excluyendo República Dominicana, destinan el 20.3% de los ingresos corrientes de los gobiernos a educación. República Dominicana, bajo la camisa de fuerza del 4% que le colocó la sociedad amarilla al gobierno, terminó destinando el 27.8% de los ingresos corrientes del gobierno a educación, 7.5 puntos porcentuales más que el promedio de la región, superada únicamente por Costa Rica (29.3%), país que podía hacerlo al contar con ingresos corrientes gubernamentales que en ese año alcanzaron el 23% del PIB.

Forzar a los gobiernos a destinar rígidamente recursos en porcentajes del PIB a determinadas áreas, cuando ésta no es una variable bajo el control del Gobierno, es una insensatez.  Lo racional, sostenible y sensato sería utilizar una regla o métrica de asignación del gasto público en educación en función de los ingresos corrientes del Gobierno, pues esa es la variable adecuada para esos fines. Si utilizamos el promedio de 20% de los ingresos corrientes de los gobiernos de la América Latina, se puede estimar cuanto ha costado la presión de la sociedad amarilla a las finanzas públicas entre 2013 y 2022. Una tabla y un gráfico nos presentan la respuesta. Entre 2013 y 2022, ha costado entre RD$23,612 y RD$68,501 millones por año. En otros términos, medido con relación al PIB nominal que finalmente calculó el Banco Central para cada año, el costo anual del exceso de gasto provocado por una métrica absurda, osciló entre 0.8% y 1.2% del PIB.  Sume los costos anuales de los 10 primeros años de la regla amarilla y verá que ésta alcanzó 9.7% del PIB. ¿Qué quiere decir esto? Que del incremento de 18 puntos porcentuales del PIB que ha exhibido la deuda del sector público no financiero entre 2012 y 2022, poco más de la mitad ha sido inducida por el exceso de gasto público en educación que forzó la sociedad amarilla en el 2011 para que, a partir del 2013, el gobierno abrazase el mandamiento del 4% del PIB como si el mismo fuese el undécimo que Dios olvidó transmitirle a Moisés.

Sé que poco más del 99% de los dominicanos deben estarse rasgando las vestiduras por el contenido de este artículo y lo comprendo. ¿Han logrado mejorar la calidad de la educación los RD$402,000 millones gastados de más en educación, entre 2013 y 2022, por utilizar el 4% del PIB como métrica en lugar de una regla más adecuada y razonable, como sería el 20% de los ingresos corrientes del Gobierno? Dejemos que la prueba PISA nos responda. En el 2015, obtuvimos un resultado promedio en matemáticas, ciencia y lectura de 339.3 puntos, el último lugar entre los 70 países participantes y entre los países de América Latina. Tres años después, PISA 2018, indica que bajamos 5 puntos en la nota, cayendo a 334.3, con lo cual retuvimos el último lugar entre los 77 países participantes y entre los países de América Latina. De PISA 2021 nos liberó el Covid, pues la prueba se pospuso para este año. Algunos dirán que 10 años no es un tiempo suficiente para evaluar si el 4% ha sido efectivo para mejorar la calidad de la educación dominicana. Es posible que tengan razón. Tengan la seguridad de que mientras no se lleve a cabo una verdadera revolución educativa que, como la arancelaria que ejecutó Balaguer en 1990, desmantele el proteccionismo que disfruta la ineficiente industria magisterial dominicana y que rentan decenas de miles maestros deficientes y entidades que supuestamente los forman, no vamos a mejorar la calidad de la educación dominicana. O importamos maestros calificados del exterior y pensionamos anticipadamente a muchos maestros deficientes del sistema público que tienen secuestrados en la ignorancia a 2.5 millones de niños y niñas de nivel inicial, primario y secundario, o PISA 2031 nos mostrará que seguimos en la cola del mundo. Maestros sin capacidad de enseñar a 2.5 millones de niños y niñas, es similar al efecto abusivo que tenían lo elevados aranceles pre-1990 sobre los 7.3 millones de consumidores de aquel entonces. Si no importamos maestros, preparémonos para seguir despilfarrando recursos en uno de los peores sistemas educativos del mundo y forzando a los gobiernos a endeudarse cada vez para lograrlo.