La campaña para las elecciones del 2024 ha comenzado. Las exigencias de medidas y propuestas de reformas económicas lanzadas en los últimos días, lo revelan. La oposición exige al Gobierno que reduzca los precios de los combustibles, teniendo en cuenta que, el precio FOB de la gasolina regular en el Golfo de EE.UU., ha bajado de RD$223.16 el galón en junio del 2022 a RD$136.94 en marzo del 2023, es decir, en 39%. Adicionalmente, la oposición ha propuesto que, de ganar las elecciones, introducirá una reforma al Código Tributario para eliminar el anticipo del impuesto sobre la renta que pagan las empresas, al considerar que esa figura resulta contraproducente, pues obliga a avanzar el impuesto sobre los beneficios para el año en curso, sin importar si las empresas han vendido un solo peso este año.
Ambas merecen ser ponderadas cuidadosamente. Comencemos con la exigencia de la rebaja de los precios de los combustibles. Es cierto, los precios de los combustibles en el mercado internacional han descendido. En cualquier país importador de combustibles en el cual se siga, al pie de la letra, para la determinación de los precios de venta al público, la regla “si suben fuera, suben aquí; si bajan fuera, bajan aquí”, no hay dudas de que la rebaja de los precios de los combustibles habría comenzado en julio del año pasado. Debemos reconocer, sin embargo, que República Dominicana no aparece en el listado de esos países donde esa regla es la determinante del precio.
Recordemos que, ante el aumento súbito de los precios de los combustibles que provocaron la invasión rusa a Ucrania y la escalada de sanciones económicas y financieras que Occidente impuso a Rusia, el gobierno dominicano, preocupado por una inflación anualizada a febrero de 2022 de 9%, tomó la decisión de congelar los precios de los combustibles. El precio doméstico del galón de gasolina, por ejemplo, el cual promedió RS$268.75 en enero de 2022 fue subiendo hasta alcanzar, en marzo, RD$274.50. En ese momento, el Gobierno, para evitar que el poder adquisitivo de la población se redujese más, lo que habría sucedido si permitía el “pass-through” de los aumentos de los precios internacionales a los domésticos, decidió congelar los precios. En ausencia de la congelación de los precios de los combustibles, la inflación anualizada habría subido a 12% o 13%, lo que habría obligado al Banco Central a aumentar su tasa de política monetaria de manera más agresiva. Claro, como los importadores de combustibles, incluyendo a Refidomsa, tenían que pagar precios cada vez más altos en sus compras internacionales de petróleo y sus derivados, alguien tenía que cargar con la diferencia. ¿Quién cargó con el muerto? El Gobierno. Sólo en el mes de junio de 2022, el costo fiscal del congelamiento representó una erogación al Gobierno dominicano de RD$6,551 millones. ¿Cuánto ha representado para el Gobierno el “pass-through” parcial y el posterior congelamiento de los precios de los combustibles en marzo de 2022? En los últimos 15 meses, RD$41,261 millones.
Cuando se tomó la decisión de limitar el “pass-through” del aumento de los precios internacionales y congelar, a partir de marzo de 2022, los precios domésticos, muchos pensamos que la población comprendía perfectamente lo que sucedería cuando los precios internacionales comenzaran a bajar: el Gobierno se vería precisado a posponer la reducción de los precios internos hasta tanto hubiese recuperado los RD$41,261 millones que gastó para liberar a la población del aumento de los precios de los combustibles. Solo así, las presentes generaciones evitaríamos que el “subsidio” transitorio que se nos otorgó, terminase como una deuda irresponsablemente dejada como herencia a nuestros hijos y nietos. Que nadie lo dude. Ellos, nuestros hijos y nietos, serían obligados por los futuros gobiernos a pagar más impuestos para honrar la deuda que las presentes generaciones forzamos al Gobierno a incurrir, para nosotros librarnos del aumento de los precios internacionales de los combustibles, y seguir despilfarrando su consumo en nuestras taponadas calles.
Cuando se le exige al Gobierno que reduzca los precios ahora que han estado bajando en el mercado internacional, es eso, precisamente eso, lo que estamos pidiendo: que traslademos el pago de la deuda en que incurrió el Gobierno a nuestros hijos y nietos. En otras palabras, pisotearíamos el supuesto realizado por Robert Barro, profesor de economía de Harvard, cuando en 1974, en su famoso artículo “Are Government Bonds Net Wealth?”, planteó que los padres incluimos en nuestra función de utilidad, el bienestar de nuestros hijos y nietos cuando evaluamos la toma de decisiones de consumo, inversión y ahorro. Ese “imagine” de Barro, posiblemente, llevaría a muchos a percibirlo como el John Lennon de la economía. Puede ser que tengan razón.
La realidad es que los economistas no entendemos que la gobernabilidad, en determinadas ocasiones, exige a los presidentes incursionar en la geografía de la inconsistencia temporal. Una de esas ocasiones es la detonada por la finalización de los “tiempos económicos” y el inicio de los “tiempos políticos”. En estos últimos, lo que piensen los economistas, generalmente no tiene importancia. Barro y todos los economistas que ponderamos siempre las condiciones de vida que dejaremos a nuestros hijos y nietos, difícilmente podremos convencer a los gobiernos para que, en tiempos políticos, sean firmes, mantengan la regla, y no incurran en la inconsistencia temporal señalada en 1977 por Kydland y Prescott en su famoso artículo “Rules Rather than Discretion: The Inconsistency of Optimal Plans”.
Lo anterior me lleva a pensar que, más temprano que tarde, el gobierno cambiará su regla o plan óptimo; trasladará a nuestros hijos y nietos, el peso de la deuda de RD$41,261 millones que generó la política de precios de los combustibles implementada a partir de enero de 2022; y comenzará a reducir los precios de los combustibles, consciente del elevado costo político en que incurriría si no lo hace, faltando menos de un año para el primer segmento de las elecciones del 2024. Estemos todos conscientes que eso, precisamente eso, es lo que le estamos pidiendo al Gobierno cuando le exigimos reducir los precios de los combustibles.
Sobre al anticipo solo podemos señalar que, desde hace 30 años, cuando redactamos la primera edición de “El Programa Macroeconómico de Mediano Plazo para la República Dominicana: 1993-1998”, recomendamos eliminar el anticipo del impuesto sobre la renta de las empresas, por razones similares a las que hoy se exponen. Tal y como está diseñado, el anticipo tiene vocación de convertir el impuesto sobre la renta de las empresas en una figura impositiva anti-cíclica. Si el año pasado una empresa tuvo elevados beneficios porque la economía estaba en un ciclo expansivo, es posible que haya pagado mucho impuesto sobre la renta. Al tomarse el impuesto pagado el año anterior para determinar el anticipo de ese impuesto para el año en curso, se asume que el ciclo expansivo continúa. Si por alguna razón ese supuesto no se materializa y la economía se desacelera considerablemente, como ha sucedido en el primer trimestre de este año, el anticipo se transforma en un impuesto anti-cíclico: el pago del impuesto sobre la renta de este año refleja una economía que crece en 5%, cuando en realidad el crecimiento es de 1%.
El anticipo, tal y como existe, debe ser eliminado. La oposición, en ese punto, tiene toda la razón. Nosotros proponemos que se elimine y se sustituya por un impuesto mínimo sobre la renta, pagadero mensualmente, instituido como un pequeño porcentaje de las ventas o ingresos brutos de las empresas, con tasas diferenciadas para reconocer las diferencias de los valores agregados de cada sector o subsector de la economía, incluyendo una tasa reducida durante los tres primeros años para las nuevas empresas. Quien no vende, no paga.
Como vemos, el inicio de la campaña ha reactivado el mercado de las ofertas de políticas públicas, lo que contribuye a promover un debate objetivo y abierto que permitirá a la Nación seguir transitando por la ruta del progreso y desarrollo que se inició en 1966.
