La informalidad no cede
Por Andrés Dauhajre hijo
Fundación Economía y Desarrollo, Inc.
La elevada informalidad de la ocupación laboral en América Latina y el Caribe se resiste a bajar. En 2014, el 46.5% de los ocupados eran informales (no tenían acceso a la seguridad social como consecuencia de su relación de trabajo). Diez años después, la informalidad afecta al 48% de los ocupados. En lugar de bajar, ha subido. Solo Uruguay (22.3%), Chile (24.9%), Costa Rica (34.7%) y Brasil (35.8%) exhiben actualmente niveles de informalidad laboral aceptables para una región donde la informalidad en la relación laboral opera como la regla en lugar de la excepción. A estos le siguen Argentina (42.6%), México (51.1%), Colombia (54.5%), Paraguay (67.2%), Ecuador (70.0%), Guatemala (70.3%), Perú (70.8%), Bolivia (82.3%) y Honduras (82.6%).
No incluimos a República Dominicana porque vamos a presentar dos estimaciones. La primera es la estimación oficial, la que realiza el Banco Central, basada en los resultados de la Encuesta Nacional Continua de Fuerza de Trabajo (ENCFT). Según la ENCFT, en el tercer trimestre de 2025 teníamos un total de 5,149,829 ocupados, de los cuales 2,336,087 eran formales y 2,813,742 informales, indicando que la informalidad laboral alcanza al 54.6% de los ocupados. Con relación al nivel de 57.7% del tercer trimestre de 2014, la informalidad se ha reducido en 3 puntos porcentuales entre 2014 y 2025. Si se aceptan como buenos y válidos los estimados poblacionales de los censos nacionales de 2010 (9,445,281 habitantes) y 2022 (10,760,028), las estimaciones de informalidad que se derivan de la ENCFT son correctas y podría afirmarse que, a diferencia del promedio de la región, hemos avanzado ligeramente en el objetivo de reducir gradualmente la informalidad laboral.
Independientemente de si los datos de ambos censos son correctos o no, no deben existir dudas sobre las estadísticas del empleo formal en el país, la cual es registrada por la Tesorería de la Seguridad Social (TSS) y estimada por la ENCFT. En el tercer trimestre de 2025, la TSS tenía registrados 2,314,891 ocupados formales (cotizantes). Para ese mismo período, la ENCFT estimó un total de 2,336,087, para una diferencia de solo 0.9%. En lo que sí difieren el registro de la TSS y el estimado de la ENCFT es en las variaciones. Por ejemplo, entre el cuarto trimestre de 2024 y el tercer trimestre de 2025, los datos de la TSS indican que el empleo formal se redujo de 2,335,969 a 2,314,891, para una caída de 21,078 cotizantes. En ese mismo período, la ENCFT indica que el total de ocupados formales pasó de 2,282,371 a 2,336,087, para un aumento de 53,716 ocupados formales. Cuando se compara la variación acumulada del Indicador Mensual de Actividad Económica (IMAE) que estima el Banco Central con la variación del empleo formal registrado por la TSS y el estimado por la ENCFT, la correlación del crecimiento del PIB real y la variación de los cotizantes de la TSS es muchísimo mayor (R2 = 0.88) que cuando se utiliza la variación de los ocupados formales de la ENCFT (R2 = 0.25).
Visto lo anterior, no debe existir ninguna duda que, si el total de ocupados de nuestra economía fuese mayor que el estimado por la ENCFT, esos ocupados adicionales no serían ocupados formales, pues si lo fueran, estarían cotizando en la TSS. En consecuencia, esos ocupados adicionales laborarían en situación de informalidad. La tasa de informalidad laboral de nuestra economía sería mayor que la reportada por la ENCFT.
Para nadie es un secreto que los censos nacionales de 2010 y 2022, por razones que no vienen al caso analizar, incurrieron en una subestimación importante de la población. En el artículo “¿Cuántos somos? ¿10,878,267?” que publicamos en El Caribe el pasado 8 de septiembre, estimamos que la subestimación de la población en el X Censo Nacional 2022 alcanzó casi un 14%. Cuando ajustamos el dato de la población utilizando el porcentaje estimado de subestimación, se tiene que el total de ocupados, en lugar de ser 5,149,829 como indica la ENCFT, en realidad sería de 5,956,772. Los formales, como señalamos previamente, serían 2,336,087, y los informales subirían a 3,620,685. La tasa de informalidad que, en el tercer trimestre de 2014 (con la población ajustada por la subestimación del censo de 2010) fue de 60.2%, alcanzaría 60.8% en el tercer trimestre de 2025.
Nuestros partidos políticos deben analizar el porqué de la resistencia a la baja de nuestra informalidad laboral. Mientras en Chile el 62% de los ocupados cotizan a su sistema de pensiones, aquí solo el 38% lo hace. Por eso, en parte, al cumplir 22 años la reforma de pensiones en Chile, los fondos de pensiones alcanzaron 62% del PIB; aquí, apenas un 16%. Así no vamos a generar el nivel de ahorro necesario para financiar la inversión que permita a la economía crecer de nuevo, de manera sostenida, al 5%. Derribemos las barreras que erosionan la capacidad de las empresas formales de crear empleo. Una buena dosis de sentido común, coraje y capacidad de comunicación harían posible la necesaria reforma laboral. Este debería ser uno de los temas de los debates de 2028.
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