Las opciones fiscales del presidente
Por Andrés Dauhajre hijo
Fundación Economía y Desarrollo, Inc.
De las declaraciones de funcionarios, reportes de organismos internacionales y observaciones de economistas nacionales expertos en finanzas públicas podría construirse el siguiente menú de opciones fiscales para ser evaluado y ponderado por el presidente Abinader y sus asesores políticos.
La primera opción es la ejecución de una reforma tributaria que genere ingresos adicionales por unos RD$80,000 – 120,000 millones (1.0% - 1.5% del PIB). Aunque esta es una de las opciones que se ha planteado, se desconoce si el Ministerio de Hacienda y Economía está elaborando un proyecto, mucho menos las figuras y medidas impositivas que serían abordadas por la reforma. Independientemente de lo bien elaborado que pudiese estar el proyecto de reforma tributaria, sería necesario determinar la reacción previsible de una población que se siente consternada, desilusionada e indignada por las revelaciones del Ministerio Público sobre la supuesta indelicadeza en el uso de recursos públicos en la principal aseguradora pública de servicio de salud del país, entidad que en el período 2021-2024 recibió del Gobierno un total de RD$129,164 millones correspondientes a la cápita del Régimen Subsidiado (RD$70,503 millones), a los aportes del Gobierno Central, las entidades descentralizadas y los empleados públicos al Régimen Contributivo (RD$52,680 millones) y a las transferencias corrientes para financiar parcialmente el déficit de sus operaciones (RD$5,981 millones). A este caso “inefable”, como lo ha tildado la vicepresidenta de la República, Raquel Peña, se agrega una percepción creciente en la población de que la política de subsidios directos ha transitado desde la focalización a una cuasi-generalización que consume una enorme cantidad de los impuestos pagados por los contribuyentes.
Esta primera opción requeriría la presentación del proyecto de ley a un Congreso Nacional conformado por 32 senadores y 190 diputados, la mayoría de los cuales aspiran a ser reelectos en mayo de 2028. En consecuencia, no puede descartarse que nuestros legisladores, para “evitar cargar con el muerto representado por el alza de impuestos” opten por realizar, como sucedió en 2024, unas vistas públicas que, posiblemente, serían infinitamente más despiadadas que las realizadas hace 14 meses, dada la inenarrable situación de lo sucedido en SeNaSa. Es cierto que el partido de gobierno cuenta con una mayoría aplastante en el Congreso que “facilitaría” la aprobación de la reforma si la misma es votada de forma relampagueante, sin convocar a vistas públicas. El problema es que, en las elecciones de 2028, las aspiraciones reeleccionistas de los legisladores que aprueben el alza de impuestos podrían terminar aplastadas por el voto de la mayoría de la población. La principal beneficiaria de una reforma tributaria en el 2026 sería, sin lugar a dudas, la oposición política.
La segunda opción aparece entre líneas en el informe de noviembre de 2025 de la misión del FMI (Staff Report) correspondiente a la Consulta del Artículo IV. Es, definitivamente, políticamente menos costosa no sólo para los legisladores del partido de gobierno a los que se les invitaría a lanzarse al precipicio con la aprobación del alza de impuestos, sino para los aspirantes a la candidatura presidencial del PRM. Debe resaltarse, además, que el Gobierno aparentemente ha empezado a trillar el camino correcto si se asume como cierta la afirmación de la misión del FMI que emitió el mes pasado el informe, cuando señaló, refiriéndose a la eficiencia del gasto público, que “la eliminación del gasto improductivo está en marcha”. El FMI planteó también la reducción de los “subsidios no focalizados”, la cuantificación de los riesgos y la necesidad de fomentar la transparencia en el área de la concesión gubernamental de pensiones y la integración de las operaciones de los fideicomisos públicos a las cuentas fiscales y presupuestarias.
Bajo esta segunda opción, la reducción de los “subsidios no focalizados” puede constituirse en una fuente importante de recursos para potenciar la inversión pública que contribuiría no solo a acelerar el aporte público al crecimiento económico sino también a motivar los “espíritus animales” de los empresarios que desencadenan la inversión privada. El Gobierno debe estar abierto a una discusión sincera, sana y productiva sobre la necesidad de racionalizar su política de subsidios. No hay forma de justificar que mientras los subsidios representados por las transferencias monetarias condicionadas (TMC) benefician al 32.7%, 37.2%, 79.6%, 80.9% y 97.1% de los hogares en situación de pobreza general en Panamá, Ecuador, Bolivia, Argentina y Brasil, respectivamente, en República Dominicana el principal programa de subsidio focalizado beneficie al 214.4% del total de hogares en situación de pobreza. El Gobierno podría corregir el enorme error de Tipo II (inclusión excesiva) que afecta al programa Supérate, dado que 761,803 hogares no pobres están recibiendo un subsidio que no fue ideado ni diseñado para ellos. Para 2025, se ha estimado que este error de inclusión excesiva representará un gasto innecesario ascendente a unos RD$16,000 millones. Corrigiendo este error involuntario, el Gobierno del presidente Abinader dispondría, en dos años, de RD$32,000 millones, precisamente, lo que cuesta la construcción de la Autovía del ámbar. Nos parece que, si el Gobierno acoge las recomendaciones del FMI, la corrección de este error debería por lo menos ponderarse.
Dentro de esta opción encajaría perfectamente la decisión del Gobierno de proceder con la fusión del MINERD y el MESCyT. Esta fusión, si se realiza siguiendo los protocolos adoptados por otras naciones, permitiría encajar todo el presupuesto del MESCyT dentro del enorme presupuesto asignado al MINERD, con lo cual se produciría un ahorro cercano a RD$23,000 millones. La popularidad del Gobierno se dispararía si somete al Congreso Nacional un proyecto de Ley que elimine los Ministerios de la Juventud y de la Mujer, entidades que solo sirven para alimentar el apetito populista.
Una tercera opción sería la combinación de las dos primeras, ejecutadas con la siguiente secuencia: primero, la reducción del gasto improductivo que, según el FMI, ya está en marcha, combinada con una agresiva racionalización de los subsidios que se encuentran fuera de foco, y la fusión y/o eliminación de ministerios. Una vez lanzadas esas reformas, se procedería a identificar la apertura de la población a una reforma tributaria que se concentre exclusivamente en el combate a la evasión fiscal a través de figuras impositivas imposibles de ser evadidas. Reconozco, sin embargo, que ante todo lo sucedido, es posible que la identificación del sentir de la población a través de grupos de enfoque (“focus groups”) y encuestas alimentadas con preguntas derivadas de los grupos de enfoque, no satisfaga el deseo gubernamental por una reforma tributaria. Esta, posiblemente, tendría que ser postergada para finales de 2028.
La cuarta opción es no hacer nada por el lado del gasto y/o de los ingresos fiscales, mantener la inversión pública como la cenicienta en el presupuesto y continuar financiando el déficit del gobierno con emisión de nueva deuda pública. Si nos aferramos al pragmatismo político, quizás esta es la opción más sensata y menos costosa políticamente en la coyuntura actual que enfrenta el Gobierno. Después de todo, la presente administración no ha podido rebasar todavía el problema de la baja capacidad para la ejecución de inversión pública, lo que podría dar lugar a un déficit fiscal en 2025 menor al presupuestado. Meses atrás se aprobó un presupuesto complementario que perseguía generar espacio fiscal para aumentar tanto el gasto corriente como el gasto de inversión. Al 5 de diciembre pasado, de un gasto presupuestado de inversión pública para 2025 en RD$213,482 millones, apenas se había ejecutado RD$166,164 millones. Para alcanzar el monto presupuestado sería necesario ejecutar, en poco más de tres semanas, RD$47,318 millones. Eso podría lograrse únicamente con operaciones ficticias de gastos de capital como las que se ejecutaron en 2020-2021, cuando se realizaron transferencias de capital a fideicomisos públicos e instituciones descentralizadas y autónomas, que terminaron como depósitos en el banco comercial del Estado dominicano. Esta última opción, dada la difícil coyuntura política que enfrente la nación, podría ser la que mejor encaja con uno de los aforismos del Arte de la Prudencia que nos dejó Baltasar Gracián: aprende a saber esperar sabiamente.
Los artículos de Andrés Dauhajre hijo en el Caribe pueden leerse en La Fundación