Monotributo para comercios chinos
Por Andrés Dauhajre hijo
Fundación Economía y Desarrollo, Inc.
El comercio dominicano lleva años reclamando al Gobierno adoptar medidas que nivelen el terreno sobre el cual compiten con un creciente número de comercios propiedad de nacionales chinos que, por alguna razón, ofrecen precios al consumidor inexplicables para los comerciantes nacionales que compran esos productos en las mismas fábricas en China. Uno de ellos se quejó amargamente meses atrás de que un furgón de mercancías procedente de China que su empresa había declarado con un valor FOB de más de US$45,000, un comerciante chino declaró el suyo, con las mismas mercancías, en US$15,000, la tercera parte del valor real. Los principales representantes del comercio nacional han señalado que, de mantenerse el status quo actual, la pregunta no debe ser si los comercios nacionales desaparecerán o no, sino cuándo ocurrirá.
La entrada de los comercios chinos comenzó a sentirse en 2011 con el establecimiento de tiendas de ropa y zapatos. En 2016, se produjo su incursión en el sector industrial y en el área de zonas francas (que pueden vender al mercado local una parte de su “producción”). A partir de 2020, su presencia en el comercio de ferreterías y grandes superficies comerciales fuera de su hábitat de la Ave. Duarte y las áreas circundantes a esta, comenzó a propagarse. Los comerciantes nacionales afirman que luego de la pandemia del Covid-19, los efectos de la creciente presencia de comercios chinos han sido más intensos y preocupantes.
El sector comercio es responsable del 12% del PIB de nuestra economía; del 32.5% de total de las ventas declaradas por las empresas ante la DGII; del 20.2% del total de la fuerza laboral ocupada; del 65.6% de todas las recaudaciones aduaneras (73.5% del arancel, 62.3% de los impuestos selectivos sobre bienes importados, 64.0% del ITBIS externo y 42.7% del resto de los impuestos aduaneros); del 16.9% del impuesto sobre las utilidades de las empresas y del 22.2% del ITBIS doméstico cobrados por la DGII. En cualquier país civilizado del planeta, semejante contribución debería bastar para que sus reclamos sean escuchados, ponderados y razonablemente atendidos. Lamentablemente, el año próximo el pedimento de tratamiento equitativo cumplirá 15 años, y no existen señales claras, en el corto plazo, de que el terreno para la competencia transparente será nivelado. Algunos entienden que la próxima llegada al país de la nueva embajadora de EE. UU. podría detener la hemorragia que desangra al sector comercial nacional, pero sólo el tiempo podrá validar esa percepción. Mientras tanto, el sector comercial formal ha perdido energía para crear empleos. En los primeros siete meses de este año, el comercio formal, según las estadísticas de cotización de la TSS, apenas logró crear 306 empleos adicionales a los que tenía a final de 2024.
¿Cómo podría nivelarse el terreno para que la sana competencia sea la que determine quienes permanecerán y quienes desaparecerán en las preferencias de los consumidores? Dada la dificultad que existe en el país para fiscalizar a los comercios chinos y dado que el único momento en el cual el Gobierno tiene “el sartén agarrado por el mango” es cuando los furgones importados por los comerciantes chinos o sus paisanos suplidores radicados en el país son descargados de los barcos y bajados a territorio aduanero, es ahí y solo ahí donde podemos nivelar el terreno para eliminar la competencia desleal. Para ello tendría que delegarse a la Dirección General de Aduanas para que cobre todos, absolutamente todos, los impuestos externos e internos que estos comerciantes chinos deben pagar. En otras palabras, el arancel de aduanas, los impuestos selectivos al consumo que graven a los bienes importados, el ITBIS externo, el ITBIS doméstico que habría correspondido liquidar ante la DGII y el impuesto sobre las utilidades. A este conjunto sería necesario agregar un derecho o impuesto anti-dumping que impida o, por lo menos, dificulte la potencial práctica de política predatoria de precios. Lo que proponemos es el establecimiento de un solo impuesto, un monotributo que cobraría la DGA, el cual operaría como un impuesto consolidado de los impuestos externos e internos a pagar por los comerciantes chinos.
Dado que las facturas que presentan estas empresas de nacionales chinos cuando hacen su declaración de aduanas están totalmente divorciadas de los precios reales de las mercancías importadas, el monotributo sería de tipo específico, no ad-valorem. Lo que se propone es un impuesto único denominado en dólares de EE. UU. por furgón de 40 pies. A partir de informaciones de declaraciones de mercancías importadas desde China por empresas comerciales nacionales, procedimos a estimar el monto del monotributo por furgón para diferentes bienes importados. Los resultados obtenidos, los cuales incluyen además del arancel, los selectivos, los ITBIS externo e interno, el impuesto sobre las utilidades y el impuesto anti-dumping, fueron los siguientes: US$140,000 por furgón de ropa; US$95,000 por furgón de grifería, tiradores y productos relacionados; US$80,000 por furgón de mercancías mixtas; US$75,000 por furgón de taladros, brochas, motas, cintas y otros productos de ferretería; y US$60,000 por furgón de electrodomésticos menores. Con una muestra mayor de importaciones de bienes importados de China, se podría estimar el monotributo para un abanico más amplio de productos y con mayor precisión.
Alguien podría argumentar que estos son valores exagerados. En realidad, no lo son si se tiene en cuenta la necesidad de evitar el dumping. Para nadie es un secreto que la guerra comercial entre EE. UU. y China ha provocado una reducción significativa de las exportaciones de China a EE. UU. Durante enero-septiembre de este año, las exportaciones de China a EE. UU. se redujeron en US$65,075 millones, equivalente a un 20.2% en relación al nivel del mismo período en 2024. Mientras eso ocurrió, China logró aumentar sus exportaciones al resto del mundo en US$240,675 millones, reflejando un crecimiento de 10.3%. No son pocos los que sostienen que, si antes de la guerra comercial el dumping de productos chinos hacia el resto del mundo era una posibilidad, hoy día, con la pérdida de una parte del mercado estadounidense, el incentivo para practicarlo es mucho mayor. China necesita crecer y hará todo lo que tenga que hacer para que las exportaciones, su principal fuente de crecimiento, mantengan su dinamismo.
Reconocemos que el establecimiento del monotributo propuesto provocaría un aumento en el costo de los productos importados por los comerciantes chinos desde su país de origen. En EE. UU., por ejemplo, el aumento de los aranceles a las importaciones que se inició en marzo de este año ha provocado a la fecha un aumento del índice de precios de los bienes importados de 4.89%, muy por encima del aumento de 2.59% que se ha verificado en el índice de precios de los bienes domésticos. La magnitud del aumento de los precios de los bienes importados desde China por los comercios chinos dependerá de la capacidad de los exportadores de esa nación de absorber el pago del monotributo vía una rebaja adicional de los precios de exportación y de la disposición del comercio nacional de mantener inalterado los suyos. Si a pesar del monotributo, los comercios chinos mantienen sus precios inalterados, lo correcto sería elevar el monto del monotributo. Si el Gobierno opta por privilegiar a los consumidores de bienes importados por los comercios chinos y mantiene inalterado el marco fiscal en el cual operan estos comercios, estos últimos intensificaran su creciente presencia en el territorio nacional y forzarán al comercio nacional a su achicamiento. De lo que se trata, en palabras simples, es decidir qué es realmente lo que queremos.
*Los artículos de Andrés Dauhajre hijo en elCaribe pueden leerse en www.lafundacion.do

