La Super Cenicienta
Por Andrés Dauhajre hijo
Fundación Economía y Desarrollo, Inc.
Una de las externalidades positivas que se derivaron de la crisis bancaria de 2003-2004 fue el convencimiento de la clase política sobre la importancia de despolitizar la designación de las autoridades de la Superintendencia de Bancos (SB). Profesionales muy capaces y con vasta experiencia como, Julio Cross, Rafael Camilo, Haivanjoe NG Cortiñas, Luis Asunción y Alejandro Fernández, el actual Superintendente, han dirigido este fundamental servicio público de regulación y supervisión bancaria. Este último se ha hecho acompañar de técnicos altamente experimentados como el actual Intendente, Julio Caminero, y el mejor y más holístico Asesor General que podría agenciarse en la actualidad un superintendente de bancos o valores en el país, el Dr. Enmanuel Cedeño-Brea.
El costo que puede derivarse de la politización del supervisor bancario es tan alarmantemente elevado que nuestros últimos presidentes de la República han protegido a la SB de las aspiraciones de miembros del partido sin calificaciones para dirigirla. Igual cuidado se ha tenido en el caso de la Superintendencia de Pensiones y la Superintendencia del Mercado de Valores, cuando se observan las designaciones de técnicos calificados como Persia álvarez, Francisco Torres, Yván Rodríguez y Ernesto Bournigal, entre otros.
En la región se observa un patrón similar de sabiduría y prudencia. En el caso de Chile, por ejemplo, la anterior Superintendencia de Bancos e Instituciones Financieras y la Superintendencia de Valores y Seguros fueron fusionadas en lo que se conoce como la Comisión para el Mercado Financiero (CMF), la cual es dirigida por un Consejo de cinco miembros nombrados por el presidente de la República, con ratificación del Senado. El presidente de la República elige uno para que opere como presidente del Consejo. Actualmente, la CMF es presidida por Solange Berstein, una economista Ph.D. de Boston University, que venía de dirigir la División de Política Financiera del Banco Central de Chile (2017-2022) y la Superintendencia de Pensiones (2006-2014). Los demás miembros son Bernardina Piedrabuena (Ph.D. en Economía de la Universidad de Chile), Augusto Iglesias (Master en Economía de UCLA), Catherine Tornel (Maestría en Finanzas del London Business School) y Beltrán Ramón, un ingeniero comercial (economista) de la Católica de Chile, con 18 años de experiencia en el Banco Central de Chile, donde fungió como vicegobernador.
Por alguna razón desconocida, esa sabiduría y prudencia han estado ausente en el caso de nuestra Superintendencia de Seguros (SIS). Algunos entienden que la ligereza en la designación del superintendente de Seguros en el país tiene su origen en que el mercado de seguros aparenta ser un primo lejano, sencillo, libre de riesgos y sobresaltos de las demás entidades que conforman nuestro sector financiero. Ese déficit de comprensión es lo único que puede explicar el porqué de los diecisiete superintendentes de Seguros que hemos tenido desde que Joaquín Balaguer designó al Dr. Salvador Aybar Mella en 1969, solo una, Anisia Risi de Mercedes, conocía algo sobre seguros al haber trabajado un tiempo como agente de seguros en la Latinoamericana de Seguros. La designación de políticos, dirigentes del partido de gobierno y partidos aliados como autoridad máxima de la SIS solo ha servido para convertirla en la cenicienta de las entidades supervisoras del mercado financiero, valores, pensiones y seguros de la República Dominicana.
El mercado de seguros del país merece una regulación y supervisión de calidad. Su interrelación con las demás entidades del sector financiero, la complejidad y amplitud de las coberturas que proveen y los riesgos en que incurren las aseguradoras en la gestión del cobro adelantado de primas que da lugar a una liquidez que deben invertir con cuidado y experticia para poder responder a las reclamaciones de los asegurados, requiere que la clase política dominicana libere a la SIS del papel de cenicienta de la supervisión que ha estado desempeñando desde su creación hace 57 años.
El mercado dominicano de seguros está conformado por 33 compañías de seguros y 182 empresas de corredores de seguros afiliadas a ADOCOSE. Este año, a partir de las informaciones de enero-septiembre de 2025, se proyecta que el total de primas suscritas-directas alcanzarán RD$153,000 millones. Las diez aseguradoras más grandes (Universal, Reservas, Humano, Mapfre, Colonial, Sura, Crecer, Worldwide, Pepín y Monumental) tienen una participación de 88.9% en el total de primas suscritas. Las restantes 23 se distribuyen un 11.1% del total de primas suscritas.
En 2024, las utilidades antes de impuestos fueron de RD$13,048 millones. Los resultados técnicos derivados de las operaciones de seguros netas de los gastos generales y administrativos apenas aportaron RD$3,459.8 millones. La mayor parte de las utilidades, RD$9,588 millones, equivalentes al 73.5% del total, fueron aportadas por las operaciones de tesorería. Si se analiza el comportamiento del período 2014-2024 se observa que durante los años 2014-2017, prácticamente la totalidad (95.7%) de las utilidades antes de impuesto de las compañías de seguros fue aportada por las operaciones de tesorería; las operaciones específicas de la actividad aseguradora prácticamente no reportaron utilidades. En los años 2018-2020, el aporte de las operaciones de tesorería descendió a 64.7% y el de las actividades de seguros subió a 35.3%. A partir de 2021, sin embargo, se observa que la tesorería de las aseguradoras vuelve a exhibir una participación muy dominante, promediando 80.6% de las utilidades antes de impuestos durante el período 2021-2024. En el período enero-septiembre de 2025, el aporte de la tesorería alcanzó un 75.9%, superior al 73.5% registrado en 2024.
¿Qué son las operaciones de tesorería de las compañías de seguros? Las inversiones financieras que realizan las aseguradoras con los ingresos por primas de seguros cobradas por adelantado, ingresos que se invierten en diferentes tipos de instrumentos financieros, fundamentalmente, títulos de renta fija. Estas inversiones deben ser realizadas con mucho cuidado y experticia, dada la imposibilidad de prever o estimar con exactitud el patrón de erogaciones para pagar reclamaciones que se derivarían de eventos catastróficos. El hecho de que la mayor parte de los beneficios de las compañías de seguros tenga su origen en este tipo de operaciones financieras, impone desafíos considerables en materia de la calidad de la gestión de riesgos. Las aseguradoras deben ser capaces de estructurar la maduración óptima de la mezcla de los instrumentos financieros en los que invertirán a fin de garantizar el calce financiero: la adecuada alineación de los plazos, montos y tasas de las inversiones financieras con los pasivos con vencimientos desconocidos o impredecibles que enfrenta la industria de seguros. Las compañías de seguros deben ser capaces de gestionar el riesgo de liquidez y asegurar la sostenibilidad del negocio, haciendo coincidir los flujos de ingreso de efectivo con los vencimientos de pagos esencialmente aleatorios e imprevisibles.
El calce financiero adquirirá mayor relevancia en la medida en que las aseguradoras intensifiquen la oferta de la renta vitalicia que el régimen de Seguridad Social ofrece como alternativa al retiro programado que ofrecen las AFP. Recordemos que, al llegar a la edad de retiro, en lugar de acogerse a una pensión a ser pagada mensualmente por la AFP, el afiliado puede solicitar a la AFP la transferencia de la totalidad del balance en su cuenta de capitalización individual a una compañía de seguros autorizada para que esta le provea una renta vitalicia o pago mensual garantizado de por vida que elimina el riesgo de longevidad del afiliado. Este riesgo es traspasado a la aseguradora, en adición al riesgo de inversión y tasa de interés, de reinversión y de descalce. No todas las aseguradoras están en capacidad de ofrecer renta vitalicia. Para que se tenga una idea de lo delicado de este producto, en 2024 el resultado o margen técnico del ramo de renta vitalicia como porcentaje de los ingresos del ramo fue de -20.6%; en enero-noviembre de 2025, para las tres aseguradoras más grandes en renta vitalicia, fue de -17.1%. Dadas las repercusiones sociales y políticas que podrían derivarse de la quiebra de una aseguradora que ofrezca rentas vitalicias y la posibilidad de que Hacienda tenga que asumir el pago de dichas rentas vitalicias, se requiere de una regulación y supervisión muy efectiva para evitar la conversión de pasivos de empresas privadas en deuda pública.
Vista la importancia de las operaciones de tesorería de las compañías de seguros, ¿continuará la clase política considerando a la SIS como refugio para acoger a dirigentes políticos sin ningún tipo de calificación para dirigir un servicio de regulación y supervisión tan complicado como este? ¿Qué pasará con nuestras empresas aseguradoras cuando se les instruya migrar al “mark-to-market” para valorar razonablemente sus inversiones financieras, las mismas que en enero-septiembre de 2025 generaron el 76% de sus utilidades, tal y como han comenzado a utilizar los bancos múltiples y demás entidades supervisadas por la SB? O despolitizamos y fortalecemos la SIS o la fusionamos con la SB.
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