Por Andrés Dauhajre hijo. mar 30, 2026

Receta para el colapso macroeconómico

Por Andrés Dauhajre hijo 

Fundación Economía y Desarrollo, Inc. 

“Frente a la crisis del petróleo, el Gobierno debería reducir o eliminar los impuestos sobre el consumo de combustibles”. Esa es una de las propuestas que, a raíz del choque del petróleo, han sido lanzadas a las redes sociales y otros medios de comunicación para evitar el aumento de los precios de los combustibles y la electricidad. En otras geografías los gobiernos han tomado la decisión de permitir el traspaso del alza de los precios internacionales del petróleo y los combustibles líquidos. Han considerado que el “pass-through” de las alzas en los precios internacionales es la política económica más efectiva para evitar que ambos, el déficit de las cuentas externas del país y el déficit de las finanzas públicas de la nación, alcancen niveles insostenibles que pudiesen conducir a un colapso macroeconómico. Incluso, si ambos desencadenan un ataque especulativo contra la moneda local y ajustes súbitos de las tasas de interés para contener la devaluación, no podría descartarse un deterioro de la cartera de préstamos de los bancos que desencadene una crisis bancaria.

Frente a choques externos negativos de la magnitud que estamos enfrentando en estos momentos, la peor recomendación que podría hacerse al Gobierno es que reduzca los impuestos a los combustibles, deteriore el balance fiscal, acelere el endeudamiento público y fomente un mayor déficit de la cuenta corriente de la balanza de pagos al mantener los precios de los combustibles por debajo de lo que indicaría la suma de costos de importación, los márgenes de comercialización y los impuestos al consumo. Esa política, perfectamente compatible con el populismo macroeconómico, más temprano que tarde forzará un ajuste de precios considerablemente mayor pues posiblemente incorporaría el efecto de la devaluación de la moneda local.

Se ha planteado que hay espacio para reducir los impuestos que gravan el consumo de combustibles ya que el monto total recaudado es mayor que la totalidad del subsidio que el Gobierno concede cuando congela los precios. En una economía donde ese fuese el único subsidio y/o transferencia que el Gobierno otorga al sector privado en el consumo de bienes y servicios energéticos (combustibles y electricidad), la recomendación podría ponderarse siempre y cuando las cuentas fiscales no exhibiesen un déficit significativo. Recordemos que el congelamiento de los precios de los combustibles no es el único subsidio que el Gobierno otorga de los bienes y servicios energéticos. A este debemos sumar el Bonogás Hogar, Bonogás Chofer, Motoben, el subsidio en la tarifa de electricidad y las transferencias corrientes y de capital que realiza el Gobierno Central a las empresas distribuidoras para cubrir las pérdidas provocadas por el fraude en el consumo y la ineficiencia de las EDE. Gracias a esas transferencias, el servicio de electricidad es ofrecido. Todo lo anterior tiene lugar en una economía con un déficit fiscal de 3.5% del PIB, que no llega a 6.0% porque la inversión pública ha sido achicada a la vecindad de 2% del PIB.

El año pasado, el Gobierno recaudó impuestos sobre el consumo de combustibles ascendentes a RD$86,343 millones. Sin embargo, concedió subsidios generalizados y focalizados en el área de los combustibles y realizó transferencias para subsidiar y mantener operando el servicio de electricidad por un total de RD$129,976 millones. El desbalance entre impuestos recaudados y subsidios más transferencias otorgados fue negativo en RD$43,634 millones. La brecha sería mayor si incluimos los subsidios en la tarifa de transporte en el Metro de Santo Domingo (RD$4,250 millones), en los autobuses de la OMSA (RD$2,607 millones) y en las tarifas de peajes (RD$23,367 millones).

Mientras en 2005 el Gobierno recaudó impuestos sobre el consumo de combustibles equivalentes a 2.25% del PIB, el año pasado la recaudación apenas llegó a 1.09%. La totalidad de los subsidios otorgados y transferencias realizadas, sin embargo, exhiben un patrón errático, con un promedio de 1.77% en el período 2022-2025 y apuntando a más del 2% del PIB en este año si, ante las alzas internacionales de los precios del petróleo y los combustibles líquidos, el Gobierno optase por mantener el congelamiento de los precios de los combustibles y la tarifa de electricidad, tal y como ocurrió esta semana, luego del aumento de RD$10.00 en el precio del galón de los principales combustibles líquidos que tuvo lugar la semana anterior.

Los impuestos sobre el consumo de combustibles exhiben la menor tasa de evasión entre todos los impuestos que recauda el Gobierno dominicano. Reducirlos, como se ha sugerido, en un país con una baja recaudación impositiva (14.4% del PIB), provocada en parte por una rampante evasión del impuesto sobre la renta (corporativo y personal) y del ITBIS, tratamientos privilegiados y exenciones dilatadas de impuestos a empresas y sectores, enviaría una señal altamente preocupante al mercado internacional de capitales sobre el real compromiso del Gobierno con el fortalecimiento y la sostenibilidad de las cuentas fiscales. Las naciones nunca han ganado nada con el populismo. Cuando lo abrazan para hacer frente a choques externos negativos, podrían caer en el precipicio. Los tiempos no están para jugar al colapso de nuestra economía.

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