Un Kagame haitiano

Por Andrés Dauhajre, hijo

 

El 7 de abril de 1994, dos misiles derribaron el avión en que viajaban dos hutus, el presidente Ntaryamira de Burundi y el presidente Habyarimana de Ruanda. El ruandés, desde principios de los 90, había iniciado una cruzada para eliminar gradualmente la presencia de los tutsis en Ruanda, la etnia minoritaria (8.2%). La pequeña geografía de 26,336 km2, localizada en el centro de África Oriental, en la región de Los Grandes Lagos de África, bordeada por Uganda, Tanzania, Burundi y la República Democrática del Congo, era un territorio mayoritariamente habitado por hutus (90.4%). La represalia que se desató luego de la muerte de Habyarimana ha sido registrada en la historia como la más intensa y sangrienta de la historia. Entre abril y junio de 1994, cerca de un millón de tutsis y algunos hutus moderados opuestos a la misma, quedaron registrados como víctimas del espeluznante Genocidio de Ruanda. El 75% de la población tutsi fue eliminada. La confluencia de la masacre y la huida de cientos de miles de habitantes dio como resultado que la población en Ruanda, a final de 1995, fuese de solo 5.7 millones, 28% menos que los 7.9 millones de 1993.

 

Ruandeses exiliados que habían conformado en Uganda una fuerza rebelde, el Frente Patriótico Ruandés (FPR), tomaron la decisión de enfrentar el genocidio perpetuado por el gobierno, el ejército y grupos militares del régimen hutus. En julio de 1994, los ruandeses rebeldes de origen tutsi derrotaron a los genocidas hutus, bajo la dirección de Paul Kagame, un joven militar de 36 años. Kagame, investido como vicepresidente, asumió el control de las fuerzas armadas y la responsabilidad de mantener el nuevo gobierno en el poder, convirtiéndose en el líder de facto de Ruanda.

 

La fotografía que encontró Kagame sobre Ruanda revelaba un nivel de pobreza y desolación alarmante. El país había perdido prácticamente la cuarta parte de su población.  La esperanza de vida no llegaba a 30 años. Previo al genocidio, 78 de cada 100 habitantes estaban sumidos en la pobreza. La tasa de mortalidad infantil de menores de 1 año por cada 1,000 nacidos vivos había promediado 196.3 en el quinquenio 1990-1995, la más elevada del mundo; ésta saltó a 340.6 en 1994, el año del genocidio, cuando era medida para los menores de 5 años. El Índice de Desarrollo Humano (IDH) era de 0.279, el más bajo del mundo junto con los exhibidos por Nigeria, Mozambique y Mali. En 1995, apenas 941,000 niños estaban inscritos en educación primaria, 20,500 en secundaria y 2,800 en terciaria. Menos de 2% de los hogares tenía acceso a la electricidad. La institucionalidad brillaba por su ausencia; 96% de los empleados públicos nunca habían pasado cerca de un centro de educación superior. El 94.6% de la población vivía en zonas rurales; poco más del 5% residía en aldeas o “umudugudu” que reflejaban las pinceladas de lo urbano. El PIB real había caído en 42% en 1995, el año de la masacre. El PIB por habitante había colapsado a 146 dólares en 1994 mientras que la inflación rondaba el 64%. La fibra socioeconómica estaba totalmente fragmentada y la infraestructura destruida.

 

Kagame no se cruzó de brazos.  Tenía una visión, un sueño para Ruanda. Quería convertirla en el Singapur de África. ¿Su modelo de modernizador autoritario? Lee Kuan Yew. Este rebelde, militar y político se propuso lograr el tránsito de uno de los países más subdesarrollados y pobres del mundo, a un país de ingresos medios en un período de 30 años. Al igual que sucedió con Lee en Singapur, Kagame tomó la decisión de rebelarse contra el destino de país fallido y sin futuro que los expertos internacionales habían asignado a Ruanda.

 

Dotado de la visión que tenía para levantar a Ruanda del profundo agujero existencial en que se encontraba, Kagame puso en ejecución un programa de reformas económicas, sociales e institucionales que han permitido colocar su nombre al lado del reducido grupo de estadistas y constructores de naciones que han producido los denominados milagros económicos de las últimas tres décadas. Se propuso estimular el crecimiento económico; promover la estabilidad de precios; fomentar la competitividad;  desmantelar las barreras que limitaban la inversión y los negocios; dotar la economía de capacidad de resiliencia frente a las perturbaciones; transformar al Gobierno en una máquina de eficiencia; reducir la desigualdad; promover el acceso a la vivienda; masificar el acceso a los servicios de salud, educación e inclusión financiera; incrementar la proporción del presupuesto del Gobierno que se financia con recursos propios y deuda mientras reduce la dependencia de la ayuda internacional; promover la buena gobernanza; eliminar la corrupción, y sobre todo, convertir a Ruanda en el país más seguro de África.

 

Todo lo anterior ha permitido que las exportaciones de servicios, especialmente de turismo, se hayan convertido en uno de los principales pilares de la economía. El sector industrial ha sido revitalizado con la expansión de la producción minera, la construcción de infraestructura y la operación de parques industriales para la manufactura de exportación. Como si lo anterior fuese poco, introdujo reformas para mejorar la eficiencia en el uso de la tierra y la agricultura, lo que fomentó un desempeño robusto del sector agrícola. Y aspira a que los recursos humanos de su país vayan migrando a sectores de elevado valor agregado.

 

Consciente de donde estaba partiendo, entendió la importancia de promover la unidad y la inimaginable reconciliación entre los asesinos y sobrevivientes del genocidio, dejando claro, desde el principio, que nada era más importante que la paz y la seguridad ciudadana. Mientras aseguraba el derecho de propiedad en todo el territorio, comprendió la necesidad de aumentar la capacidad de los distritos (municipios) de financiar sus necesidades de desarrollo promoviendo el desarrollo económico local, insistiendo en que las propuestas de solución debían emanar de las propias comunidades. Finalmente, se propuso borrar la palabra soborno del diccionario de Ruanda y crear la institucionalidad necesaria para mantener la corrupción a raya.  

 

¿Resultados? En el período 1994-2023 (2000-2023), el crecimiento anual promedio del PIB real ha sido de 8.2% (7.3%). De un PIB per cápita de 146 dólares en 1994, el año pasado superó los 1,032 dólares por habitante, a pesar de que la población pasó de 5.8 millones en 1994 a 13.5 millones en 2023. La inflación anual promedio ha sido 6.2% entre 1999 y 2023. El de Ruanda ha sido uno de los gobiernos más agresivos del mundo invirtiendo en infraestructura física, registrando una inversión pública anual promedio de 10.1% del PIB en el período 1999-2023. Durante el mismo período, el déficit fiscal (incluyendo los ingresos de donaciones) ha promediado 3.5% del PIB, aunque con tendencia al alza en los años 2019-2023 en la medida que el Gobierno ha visto reducir su dependencia de la ayuda internacional.

 

El Índice de Desarrollo Humano, se ha duplicado, alcanzando 0.548 en 2022. La pobreza se ha reducido desde 78% en 1991-1993, a 36% en 2023. La tasa de mortalidad infantil de menores de 5 años, que había alcanzado 340.6 por cada 1,000 nacidos vivos en 1994, cayó a 34.3 en 2023. La esperanza de vida, que apenas alcanzaba 29 años en 1991, hoy es de 70 años. Actualmente, hay 3 veces más niños en educación primaria, 39 veces más en secundaria y 34 veces más en terciaria en Ruanda que lo que había en 1995. Hoy, el 61% de los hogares tiene acceso a electricidad.

 

Transparencia Internacional asignaba a Ruanda un índice de percepción de corrupción de 31 en el 2005. El año pasado le otorgó 53, superada en África únicamente por la diminuta Botsuana (59) y en América Latina por Uruguay (73), Chile (66) y Costa Rica (55). Nadie habría imaginado que luego del genocidio de más de un millón de tutsis y hutus moderados en 1994, hoy día Ruanda podía ser transformada no solo en la geografía con mayor nivel de seguridad ciudadana de África, al registrar un promedio de 3 homicidios por cada 100,000 habitantes en el año durante el período 2012-2020, sino también, en una las naciones más seguras del mundo, a pesar de su elevadísima densidad poblacional (513 hab/km2, la mayor de África y superior a los 413 de Haití) y de una avalancha migratoria desde la ruralidad que ha provocado que el 78% de los hogares se encuentren hoy en los “umudugudu”.

 

Kagame lleva 30 años en el poder. Operó como jefe de facto entre 1994 y 1999. En marzo de 2000, al dimitir el presidente Bizimungo, Kagame asumió la presidencia. Ganó su primera elección en 2003 con el 95% de los votos, la segunda en el 2010 con el 93%, y la tercera en 2017 con el 99%. El 15 de julio de este año, se presentará de nuevo como candidato y afirma que cuenta con energías suficientes para seguir liderando a su país durante 20 años más.

 

El hemisferio occidental desarrollado, en lugar de perder el tiempo conformando un Consejo Presidencial de 28 miembros, para organizar unas “elecciones libres” en Haití, debería investigar si existe dentro o fuera de Haití algún rebelde, militar o político “cojonudo” dotado de una visión o dispuesto a asumir un Proyecto de Nación para iniciar a un período de 30 a 50 años que haga posible la construcción de la nación que soñó Toussaint Louverture hace 231 años. A partir del 2075, quizás, podría ponderarse el tránsito en Haití desde una “dictadura con respaldo popular” como la de Kagame en Ruanda a una democracia que no se distancie mucho de la que Clístenes logró instaurar en Atenas en 508 a. C.

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