El estimado del crecimiento del PIB (3.75%) no parecía descabellado teniendo en cuenta el efecto base de venir de un 2025 en que el PIB apenas creció 1.8%. El de la inflación reflejaba el férreo compromiso del BCRD de mantenerla dentro de la meta (4% +/- 1%). El déficit del sector público consolidado, en ausencia de mayores ingresos tributarios y reducción del gasto improductivo, caía en la geografía de la mentira. ¿Qué información transmiten los resultados de las tres brechas fundamentales de la macroeconomía en 2025? La brecha externa (saldo de la cuenta corriente de la balanza de pagos) arrojó un déficit de 1.2% del PIB; la brecha pública (saldo de las finanzas del sector público consolidado, incluyendo el déficit cuasi-fiscal del BCRD) cerró con un déficit de 3.8%. La brecha privada (ahorro privado menos inversión privada) alcanzó un superávit de 2.7%. El mapa macroeconómico de 2025 concluyó con una deuda del sector público consolidado de 57.9% del PIB, producto de un aumento de 1.8% del PIB en la deuda del sector público no financiero y una disminución de 1.6% del PIB en la deuda del BCRD.   

Visto el panorama, ¿cuáles son las opciones que tiene de frente el Gobierno? Una primera alternativa para lidiar con los vientos desfavorables que provienen del exterior es construir una muralla que impida que el alza internacional de los precios del petróleo y de los combustibles líquidos, incluyendo aquellos no derivados del primero (gas natural), sea traspasada tanto a los precios de venta de los combustibles en las “estaciones de gasolina” y a la tarifa eléctrica. Esa muralla se construye con millones de ladrillos de transferencias corrientes adicionales a las empresas importadoras de petróleo y combustibles y a las EDE. Esta primera alternativa incluiría también transferencias corrientes de recursos fiscales para garantizar la estabilidad de los precios de insumos que inciden en los precios de los productos agrícolas, específicamente, los fertilizantes. Esta opción permitiría mantener la inflación a un nivel “mentiroso”, compatible con la meta de inflación que persigue el BCRD. Al mismo tiempo, acarrearía un aumento del déficit del sector público consolidado desde 3.54% del PIB que se proyectó para 2026 a 5.0% y un fuerte incremento en las necesidades brutas de financiamiento del Gobierno. En palabras llanas, un mayor endeudamiento público interno y externo. Si el financiamiento externo adicional es provisto sin contratiempo, esta opción permitiría a la economía alcanzar la meta de crecimiento de 3.75% y, quién sabe, si el 4.0% proyectado inicialmente por el BCRD. La deuda del sector público consolidado, sin embargo, pasaría de 57.9% del PIB en 2025 a 59.9% en 2026, no para financiar proyectos rentables de infraestructura física que contribuirían a elevar nuestra competitividad y el crecimiento económico, sino para permitir que los dominicanos no sean afectados por un choque petrolero negativo que está empobreciendo al resto del mundo. En otras palabras, para que la factura sea pagada por las futuras generaciones. Vivir nosotros mejor a cambio de que nuestros descendientes se jodan. Esta es la opción que algunos funcionarios irresponsables del gobierno favorecen. 

Una segunda alternativa sería dar la bienvenida a la estanflación, es decir, a la convivencia de la inflación con el estancamiento. Esta opción favorecería que el alza de los precios internacionales del petróleo y derivados y otros insumos sea transmitida (súbita o gradualmente) a los precios internos de los combustibles, la electricidad y los fertilizantes, entre otros. El traspaso provocaría un descenso en el consumo privado, el principal componente de la demanda agregada y, en consecuencia, un crecimiento más bajo o nulo de la actividad económica. La caída del consumo, sin embargo, contribuiría a mitigar ligeramente el impacto de la inflación importada. Dado que la inflación sobrepasaría con holgura la meta del BCRD, este se vería obligado a elevar no sólo la tasa de política monetaria, sino también a otorgar un sabático a la política esporádica de inyección de crédito del BCRD para dinamizar sectores económicos específicos. La política monetaria restrictiva, unida a la contracción de la actividad económica provocada por la caída del consumo y la inversión privada, garantizarían la convergencia a un crecimiento nulo o muy bajo. Luego de un 2025 en que la economía creció 1.8%, repetir ese crecimiento o uno más bajo en 2026, encendería las alarmas de las firmas calificadoras de riesgo y los tenedores de bonos que, desde el año pasado, comenzaron a preguntar sobre el crecimiento potencial de nuestra economía. ¿Su temor? Que éste ya no sea 5%. Determinar si esto ha ocurrido es de crucial importancia para ellos, pues es una de las variables claves de sus modelos de sostenibilidad de la deuda pública.    

La tercera alternativa sería reconocer que todos los agentes económicos, nacionales e internacionales, están perfectamente conscientes de que, ante el choque descomunal provocado por el súbito aumento de los precios del petróleo, una nación que importe el 100% de los combustibles utilizados para el transporte y la generación térmica trate de engañar al mercado una tasa de inflación “mentirosa”, sustentada sobre columnas de precios congelados construidas a base de transferencias corrientes de ingresos fiscales (incluyendo desembolsos de préstamos) es una política estúpida, absurda e insensata. República Dominicana no va a colapsar porque en 2026 y 2027 repliquemos la inflación de 7.8% de 2022 u 8.5% de 2021. En consecuencia, el ajuste semanal y escalonado de los precios de los combustibles constituye la estrategia más sensata y menos traumática ante la marcada volatilidad de alzas y bajas que provocan las declaraciones cambiantes e intermitentes de los gobiernos de EE. UU. e Irán sobre la esperanza de vida del conflicto. Ajustes semanales de RD$8 o RD$9 al precio del galón, al cabo de poco más de un mes, permitirían borrar las costosas transferencias corrientes a las empresas importadoras de combustibles. En el caso de la tarifa de electricidad, es un absurdo que mientras las EDE pagaron un promedio de 16.51 centavos de dólar por cada kWh comprado a los generadores, la facturen a un precio promedio de 16.11 centavos. Está claro que esta opción, que transitoriamente elevaría la inflación 2 o 3 puntos porcentuales por encima del límite superior de la meta (5%), provocaría una reducción del consumo privado y atentaría contra la proyección de crecimiento de 3.75% para 2026, más aún si el BCRD se concentra únicamente, como debería ser, en evitar que la inflación pase de uno a dos dígitos. Para contrarrestar la baja en el consumo privado y la inversión privada, el gobierno dominicano debería elevar significativamente la inversión pública, llevándola del 2.6% del PIB presupuestado a 4.0% del PIB. Eso requeriría aumentar el gasto de capital en RD$120,677 millones, específicamente, para ejecutar un vasto programa de construcción de viviendas cuya demanda esté soportada en la oferta de financiamiento del Banco de Reservas a 30 años, con una tasa de interés fija que no sobrepase el 9% y la ejecución de tres o cuatro grandes proyectos de infraestructura fundamentales para elevar la competitividad y contribuir al regreso del crecimiento de nuestra economía a su nivel potencial (5%). ¿Hay que ir al mercado global de capitales a emitir más bonos soberanos para obtener esos recursos? No. Al final de marzo de 2026, el Gobierno Central tenía depositados RD$400,140 millones (US$6,640.8 millones) en el Banco de Reservas y en el BCRD. De lo que se trata es que tomemos el 30% de ese colchón de recursos públicos que se construyó con colocaciones excesivas de bonos globales y domésticos del Estado durante los últimos seis años y potenciemos la inversión pública para que nuestra economía crezca 4% o más este año. Las firmas calificadoras y los tenedores de bonos no van a discriminar en 2026 por los niveles de inflación de las economías del mundo. Todas, en mayor o menor grado, van a sufrir los efectos transitorios de una mayor inflación importada. Lo que sí van a mirar es cómo accionen los gobiernos de las naciones del mundo para mantener, o incluso elevar, su crecimiento económico. Es en esa meta que el Gobierno, no el BCRD, debe concentrarse. No hay ninguna diferencia entre engañar al mundo con una inflación mentirosa y el enfrentamiento valiente entre el Quijote y los molinos de viento. Ha llegado el momento de que el presidente Abinader obligue a sus ministros a abandonar el idealismo ciego y abrazar la realidad objetiva, por el bien de la nación a la cual nuestro mandatario aspira dejar un legado palpable y positivo.